La persistencia en numerosos
países
europeos de controles policiales basados en rasgos raciales o
étnicos fueron el miércoles tema de debate en un acto celebrado en el Open
Society Institute, fundado por el financiero George Soros y en el
que se abordó también el caso de la española Rosalind Williams.

Esta
mujer de raza negra, que adquirió la nacionalidad española
en 1968, fue sometida a un control policial en la ciudad española de
Valladolid (noroeste) en 1992 considerado ilegal por el Comité de
Derechos Humanos de la ONU, que determinó que debía recibir una
disculpa pública del Gobierno español.

"Creo que es esencial",
señaló Williams en relación a esa
disculpa pública durante una entrevista, en la que reconoció
que eso no ha ocurrido aún aunque algunos ministros sí lo han hecho
en privado en nombre del Gobierno.

Williams, quien llegó a España
desde Estados Unidos como
estudiante en la década de los 60, participó en el debate que
preparó el Open Society Justice Iniative, uno de los programas que
promueve este instituto neoyorquino y que junto a Women's Link
Worldwide y SOS Racismo, de España, defendieron su demanda ante el
comité de ONU en Ginebra.

El 6 de diciembre de 1992, Rosalind fue
sometida a un control
policial en la estación ferroviaria de Valladolid y cuando inquirió
al agente por qué le pedía identificarse y no a otras personas que
estaban en el mismo lugar, le explicó que tenía órdenes de hacerlo
con personas de su aspecto, "porque muchas de ellas son inmigrantes
ilegales".

Después de plantear sin éxito una demanda ante
diversas
instancias administrativas y judiciales, el Tribunal Constitucional
español rechazó en 2001 su apelación ante lo que, cinco años después
y con el respaldo de algunas entidades que luchan contra el racismo,
planteó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

En
julio de 2009, ese comité determinó que Williams fue escogida
en aquel control "sólo por sus características raciales y ese fue el
factor decisivo para sospechar una conducta ilegal" e instó al
Gobierno español a ofrecerle una disculpa pública y a modificar la
legislación para evitar sucesos similares.

Williams reconoce que
España "ha cambiado" respecto de aquellos
años y tras el dictamen sobre su caso ahora sí ha percibido interés
a nivel gubernamental por abordar este problema, aunque también
constata en la actualidad que "existen aún más controles de perfil
racial o étnico".

La experiencia de esta española y el panorama
que presentan otros
países europeos fueron abordados también esta noche por Rachel
Neild, asesora en asuntos para la igualdad y la reforma policial en
Open Society Justice Initiative.

Neild explicó a Efe que la
situación en España no es diferente a
la de otros países europeos que han estudiado y en los que han
detectado también el uso desproporcionado de perfiles étnicos en
controles de identidad policiales.

"Hicimos un estudio en París y
se ve claramente, en Hungría
también tenemos datos cuantitativos", explicó la experta, al tiempo
que agregó que además se detecta un aumento del trato
discriminatorio con base en rasgos religiosos en el contexto de la
lucha antiterrorista.

Neild consideró que ese tipo de tácticas
"no sirven" a la hora de
detectar a un terrorista, pero que contribuyen "a calmar al público
mayoritario", aunque tiene un efecto "muy nocivo" en las relaciones
con las comunidades afectadas.

"En Francia, también en estos
días, en materia de control de
inmigración, están en una situación muy parecida a España, donde
están ordenando a la Policía objetivos numéricos sobre el número de
deportaciones, lo que resulta en una situación bastante conflictiva
con las comunidades inmigrantes", señaló.