El ministro de Defensa de Perú, Rafael
Rey, expuso este lunes en Madrid "los graves errores" que considera que
cometió la Comisión de la Verdad al valorar la actuación de las
Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y el año
2000, y pidió mayor protección legal para los militares y agentes
del orden peruanos.

En el marco de una gira europea, Rey visita España, donde este lunes se
entrevistará con la ministra de Defensa, Carme Chacón.

En su intervención en el foro Tribuna Iberoamericana, que
organizan la Casa de América y la Agencia EFE, el ministro trató de
desleír la visión "profundamente injusta" que, a su juicio, se ha
brindado a la comunidad internacional de las Fuerzas Armadas de
Perú.

Sostuvo que se "ha cometido una gravísima injusticia" por parte
de la Comisión de la Verdad al sostener que "el 32 por ciento de las
víctimas fatales, unas 22.000 personas, son responsabilidad de las
fuerzas del orden".

El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR), entregado en 2003, precisó que el conflicto se saldó con
69.280 muertos y atribuyó el 54 por ciento de las víctimas a la
agrupación Sendero Luminoso y cerca de un tercio a "agentes del
Estado" (policías y militares).

Rey, un civil que llegó al ministerio de Defensa en julio de
2009, defendió la actuación de las Fuerzas Armadas, de las que dijo
"no se trata de uno de los bandos en conflicto ni tampoco un grupo
levantado en armas, como a veces se las refiere", sino que son
"legales defensoras de la sociedad atacada sistemáticamente en sus
derechos humanos".

El ministro reconoció que cuando "el enemigo no da la cara como
en el caso del terrorismo, las Fuerzas Armadas tienen que aprender a
tratar con esa lacra y ahí se cometen errores", sin embargo, aclaró
que "ninguno de los actos de los militares peruanos. Ninguno de los
asesinatos se pueden calificar de delitos de lesa humanidad".

Rey sostuvo que los militares y policías peruanos requieren
"singulares atenciones", porque, a su juicio, en Perú los agentes
del orden "que cumplen su deber están legalmente desprotegidos".

Por ello reclamó un "fuero militar" dotado de competencias, así
como que los delitos propios (denominados de función) sean juzgados
por "personas que conocen las dificultades que enfrentan las Fuerzas
del orden".

Tras los duros años del terrorismo de Sendero Luminoso y del
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), el ministro recordó
que todavía en Perú hay una lucha "antisubversiva y
antinarcotráfico" localizada en una zona de la selva, concretamente
en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).

Una zona, dijo, cuyo control está encomendado a las Fuerzas
Armadas, que cumplen misiones en "las que, lamentablemente, con
regularidad pierden la vida efectivos" militares y policiales.

En la lucha contra el narcotráfico, Rafael Rey señaló la amplia
colaboración de Perú con Colombia que, precisó, no se da en los
mismos términos con Venezuela.

"Hay comercio internacional con Venezuela. Hay una relación
buena, pero no cooperación en la lucha contra el narcotráfico", dijo
el ministro.

Sobre el cultivo ilegal de coca, afirmó que no es sólo un
problema "militar o policial", sino mucho más complejo que abarca lo
económico y social.

Y a modo de propuesta recordó que si parte de los recursos que se
destinan a luchar contra el narcotráfico - unos 2.000 millones de
dólares- se adjudicaran a construir vías de comunicación en
Colombia, Perú y Bolivia, en el máximo de 5 años se produciría la
integración de esos países y se proporcionarían vías licitas de vida
a los campesinos.