EE.UU. criticó este miércoles las  restricciones a
las libertades de expresión, reunión y asociación en Venezuela y
Cuba, y también en cierto grado en Colombia, y denunció los abusos a
los derechos humanos en Honduras en el contexto del golpe de Estado.

El
Departamento de Estado envió este jueves al Congreso de EE.UU.
un amplio informe sobre el estado de los derechos humanos en el
mundo, en el que dedicó un extenso análisis a Latinoamérica.

A
nivel global, EE.UU. denunció que los Gobiernos de todo el
mundo seguían cometiendo violaciones de los derechos humanos en
2009, y cargó un año más sus tintas contra numerosos países, pero
especialmente contra China, Irán, Corea del Norte y Birmania.

En
el apartado de Latinoamérica no hubo grandes sorpresas, dado
que Washington volvió a incluir en su "lista negra" a Cuba y
Venezuela, pero a diferencia del año anterior también se puso más
firme con Colombia y bastante más crítico con Honduras, país que
recibió el año pasado elogios, pero que en 2009 se situó en el punto
de mira del mundo por el golpe de Estado del 28 de junio.

EE.UU.
criticó tanto las violaciones a los derechos ocurridas en
Honduras durante el mandato del presidente Manuel Zelaya como luego
del golpe de Estado bajo el Gobierno de facto de Roberto Micheletti.

Reconoció
que después del derrocamiento hubo sucesos que
resultaron "en la pérdida de vidas así como limitaciones por el
régimen de facto de la libertad de movimiento, asociación, expresión
y asamblea".

En lo que se refiere a Venezuela, EE.UU. presentó
una larga lista
de abusos contra los derechos fundamentales, entre ellos la
privación de la vida.

El informe deja claro que "las fuerzas de
seguridad fueron
acusadas de cometer homicidios, incluida la ejecución sumaria de
sospechosos criminales".

No obstante, matiza que "el Gobierno y
sus agentes no cometieron
asesinatos con "motivación política".

EE.UU. afirma que el
sistema judicial venezolano es "corrupto,
ineficiente y politizado y se caracteriza por retrasos en los
juicios y violaciones del debido proceso", y sostiene que además hay
"presos políticos" y "procesamientos selectivos con propósitos
políticos".

Las fuerzas de seguridad "infringen los derechos de
intimidad de
los ciudadanos" y el Gobierno, que ha cerrado emisoras de radio y
televisión, ha amenazado con clausurar otros medios.

Durante el
año pasado hubo ataques gubernamentales contra
manifestantes, una discriminación sistemática por motivos políticos
y "considerable corrupción en todos los niveles del Gobierno".

El
embajador de Venezuela ante la Casa Blanca, Bernardo Álvarez,
aseguró que el informe está escrito "de forma selectiva y
política y ataca a países con los que EE.UU. tiene diferencias".

Dijo
que este tipo de informes no ayudan a avanzar en una
"relación normal basada en el respeto mutuo y el diálogo honesto".

En
lo que respecta a Cuba, EE.UU. señala que La Habana continuó,
un año más, negando los derechos básicos a sus ciudadanos y siguió
cometiendo "numerosos y serios abusos" contra ellos.

Cita los
abusos físicos contra los prisioneros y detenidos, las
pésimas condiciones carcelarias y el acoso a los disidentes, y
también denuncia las detenciones de defensores de los derechos
humanos y miembros de organizaciones profesionales.

El texto
precisa que en la isla al menos 194 prisioneros
políticos y otras 5.000 personas están cumpliendo penas sin haberse
formulado cargos.

Cuba también atenta contra el derecho a la
privacidad y las
libertades de expresión y de prensa, de asociación y religiosa.

En
el caso de Colombia, EE.UU. señala que los medios
independientes expresaron un amplio abanico de puntos de vista "sin
restricciones".

No obstante, destaca que grupos armados ilegales
intimidaron,
amenazaron, secuestraron o asesinaron a periodistas, lo que provocó
que muchos practicaran la autocensura y 117 recibieran protección.

Recuerda
el espionaje del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) a periodistas, sindicalistas, opositores, activistas
y defensores de derechos humanos, y apunta a presuntas detenciones
"arbitrarias" de cientos de personas.

Pese a todo, Bogotá
"también trabajó para proteger a miles de
miembros de sindicatos, activistas de derechos humanos y otros
grupos", concluye el informe de EE.UU.