Los avances logrados en las
últimas décadas en el respeto a los derechos de las mujeres en
Latinoamérica han sido "desiguales, poco sostenibles y escasamente
implementados", lamentó este viernes una especialista de la ONU.

"Si uno echa la vista atrás en los últimos 15 ó 20 años, en
general se han producido avances importantes en la región, pero
podemos caracterizarlos como desiguales, pocos sostenibles porque no
se han institucionalizado, y escasamente implementados", dijo la responsable regional de asuntos de género del Programa de la ONU
para el Desarrollo (PNUD), Carmen de la Cruz.

La especialista, que asiste en Nueva York a la 54 sesión de la
comisión de la ONU sobre el estatus jurídico y social de la mujer,
evaluó en una entrevista la situación en América Latina
quince años después de que la Declaración de Pekín calificara los
derechos de las mujeres como fundamentales para el desarrollo y la
paz.

En cualquier caso, De la Cruz destacó en particular la creciente
participación de la mujer latinoamericana en la vida política,
particularmente en el poder legislativo y ejecutivo.

Latinoamérica es la región del mundo con una mayor proporción de
mujeres parlamentarias, según un estudio de la Unión
Interparlamentaria (UIP) divulgado el miércoles.

Ese informe sitúa la presencia parlamentaria femenina regional en
el 22%, lo que supone un aumento de casi diez puntos porcentuales
respecto a 1995, lo que le arrebata el liderazgo a Europa en este
campo.

"En el caso de América Latina, estamos en una buena posición si
lo comparamos con otras regiones", apuntó De la Cruz, quien atribuyó
el progreso a la eficacia de los mecanismos de cuotas.

"Más allá de que sean cuestionables o no, las cuotas funcionan",
agregó la responsable del PNUD, para la que, aún así, queda mucho
camino por recorrer en otros ámbitos, como el judicial, donde la
presencia femenina es poco más del 12%.

Otro punto positivo es la presencia de mujeres en los gabinetes
de gobierno, que se mantiene alrededor del 20%, aunque la
especialista lamentó que generalmente se las confine a carteras
sociales y pocas obtengan ministerios de mayor peso político, como
economía o defensa.

En el campo de la violencia de género, De la Cruz resaltó que
Latinoamérica cuenta desde 1994 con un tratado regional para
erradicar las agresiones contra la mujer.

La llamada convención de Belem do Para, por la ciudad brasileña
en la que se adoptó, y otros documentos han promovido el
endurecimiento de la legislación contra los maltratadores, destacó.

Pese a ello, advirtió que el problema es en este caso la
implementación de las leyes, ya sea por la falta de voluntad de las
autoridades o por la ausencia de medios que faciliten las denuncias
de las víctimas.

"Si no hay un lugar donde proteger a las denunciantes, éstas no
van a presentar una denuncia, ya que tendrán que regresar a la casa
en la que viven con el agresor y del que dependen económicamente",
observó.

Al mismo tiempo, lamentó que tampoco existan en la región
mecanismos de registro homologados que permitan analizar con
precisión el fenómeno de la violencia de género y contrastar datos.

Como un indicio de la situación, resaltó que un sondeo llevado a
cabo en México hace cuatro años reveló que el 65% de las mujeres
mayores de 15 años reconoció haber sido blanco de agresiones al
menos una vez en su vida.

Sobre la integración en la vida económica de la mujer, uno de los
puntos relevantes de la Declaración de Pekín, la especialista del
PNUD indicó que el aumento de la presencia femenina en la actividad
económica ha sido "desigual".

Un 50% de las mujeres trabajan en la economía informal, unos diez
puntos porcentuales más que los hombres, por lo que su situación
laboral suele ser más precaria.

La situación es todavía peor en algunas comunidades o grupos
sociales concretos, como las mujeres negras brasileñas, entre las
que ese porcentaje alcanza el 71%, advirtió De la Cruz