Bajo fuertes medidas de seguridad, las
organizaciones de la Amazonía peruana reanudaron hoy con marchas
pacíficas una campaña en defensa de sus derechos, la primera acción
nacional tras los violentos sucesos que el 5 de junio pasado dejaron
34 muertos en la provincia selvática de Bagua.

Las organizaciones convocantes, entre ellas la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), rechazan el
informe oficial sobre los sucesos de Bagua y piden el retorno de su
dirigente Alberto Pizango, quien se asiló en Nicaragua al abrirse un
proceso en su contra por ser el presunto responsable de esos hechos
violentos.

Entre otros reclamos, también exigen el respeto al convenio 169
de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), para que se
consulte a los pueblos indígenas sobre decisiones vinculadas al
derecho ancestral que éstos tienen sobre la tierra.

En declaraciones a Efe, el "apu" (jefe indígena) Cervando Puerta
dijo que en Jaén marcharon de forma pacífica unas 2.000 personas,
principalmente campesinos, aunque el canal N los cifró en 400.

En la ciudad amazónica de Yurimaguas se movilizaron otros 2.000
manifestantes, también sin que se produjeran incidentes y en
coordinación con la policía, dijo a Efe el "apu" Segundo Pizango.

Bagua, epicentro de los sucesos del 5 de junio, está resguardada
por unos 4.000 agentes de la policía de operaciones especiales y los
líderes indígenas esperan realizar allí un "plantón" por la noche,
indicó Puerta.

En Lima, unos 500 indios recorrieron por la tarde el centro de
Lima con carteles en los que se leían eslóganes "Viva la lucha
amazónica" y "Salvemos nuestro planeta", y coreando lemas como "el
pueblo rechaza el informe genocida", en alusión al informe final de
la comisión investigadora del Gobierno sobre Bagua.

En Lima, el "apu" Saúl Puerta acusó al Gobierno de "provocación"
y de ejercer "presión sicológica", al explicar en declaraciones a
Efe que muchos indígenas no acudieron a las marchas por temor a la
represión de los militares desplegados para evitar la toma de
carreteras e instalaciones estratégicas.

La jornada de hoy es la primera que se realiza tras la muerte de
24 policías y 10 civiles (entre ellos algunos indígenas) en Bagua, y
llevó al Ejecutivo a emitir ayer un decreto de urgencia para
autorizar que los militares apoyaran a la Policía en el resguardo de
la seguridad.

Esos sucesos pusieron en el tapete la gran fractura que existe en
el país, que pone a un lado de la orilla el objetivo del Gobierno de
fomentar las inversiones en la Amazonía, con grandes recursos
petroleros y madereros, y al otro, la demanda de los indígenas a que
se respeten sus derechos de propiedad sobre la tierra.

Tras la violencia del 5 de junio, el Congreso peruano derogó dos
de las leyes rechazadas por las comunidades de la selva, y el
Ejecutivo formó una comisión investigadora, siguiendo las
recomendaciones del relator especial para los pueblos indígenas de
las Naciones Unidas, James Anaya.

Pero al emitirse el informe de esta comisión, a mediados de
enero, tras cuatro meses de trabajo, las comunidades amazónicas se
negaron a firmarlo por considerar que no señalaba a los verdaderos
responsables.

Cervando Puerta indicó a Efe que, si bien los pueblos indígenas
"todavía" están de luto y siguen insistiendo en el diálogo, no
descartan tomar "otras medidas" como la radicalización de las
protestas, si el Gobierno no atiende sus demandas, en una eventual
reunión regional de las bases.

El Ejecutivo también afirma que opta por la solución pacífica y
el ministro peruano del Ambiente, Antonio Brack, instó hoy a las
comunidades indias amazónicas a "no politizar su movimiento".

"Que sea un movimiento indígena auténtico, y que busquemos juntos
construir el futuro", invocó.

Pero el futuro podría ser incierto, ya que el ex vicepresidente
de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, Marc Dourojeanni, alertó
recientemente que la Amazonía peruana quedaría casi devastada en el
año 2041 si el Gobierno implementara todos los proyectos de
inversión en esa zona.