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Polémica propuesta para prohibir ciudadanía

La iniciativa republicana pretende prohibir la ciudadanía a niños nacidos de padres indocumentados.

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La iniciativa republicana para
prohibir la ciudadanía automática a niños nacidos en EEUU de padres
indocumentados es un ejercicio de retórica que viola la Constitución
y que, si es aprobada, nos regresaría a prácticas comunes durante la
era de la esclavitud.

No es la primera vez que algunos republicanos, y grupos
conservadores afines, quieren abolir la ciudadanía automática a
niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes sin papeles.

La idea cobró fuerza durante la década de 1990 y, de hecho, fue
incluida en la plataforma del Partido Republicano en 1996, pero no
prosperó porque viola la 14 enmienda de la Constitución.

Sólo que ahora, frente a la crisis económica que sigue golpeando
a las clases media y trabajadora en EEUU, sus promotores insisten en
que es urgente eliminar los resquicios e incentivos de la
inmigración ilegal.

La iniciativa que promueve el legislador republicano Gary Miller
se conoce en inglés como "LEAVE Act", que en español se traduce en
una orden para que los inmigrantes se vayan.

El proyecto de ley incrementa los recursos para la policía local
y los agentes fronterizos en contra de esos inmigrantes.

Según explicó recientemente Miller, la medida es la "mejor
solución" a los problemas que aquejan al país, en unos momentos en
que más de 15 millones de estadounidenses están desempleados
mientras "siete millones de indocumentados" sí tienen trabajo.

Miller asegura que su medida reduciría en más de la mitad la
población indocumentada en cinco años y crearía siete millones de
puestos de trabajo para los ciudadanos y residentes legales, al
cerrar el grifo en el mercado laboral a los indocumentados.

Quienes apoyan el proyecto de ley señalan que sólo buscan
modificar una ley federal de inmigración y así "esclarecer" la
interpretación de la 14 enmienda.

Pero éstos no lo tendrán fácil porque esa enmienda, ratificada en
1868, establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en
Estados Unidos, y por tanto sujetas a su jurisdicción, son
ciudadanas de Estados Unidos y del estado en que residen".

Esa enmienda fue ratificada precisamente para resguardar los
derechos civiles de los esclavos que obtuvieron su libertad tras la
Guerra Civil.

Desde entonces, EEUU concede la ciudadanía automática a quienes
nacen en este país, sin importar el estatus migratorio de sus
padres.

Eso molesta a grupos conservadores que, con argumentos económicos
y hasta medioambientales, aseguran que las indocumentadas vienen a
EEUU para tener a sus hijos acá y que éstos, a costas de los
contribuyentes estadounidenses, tengan los mismos derechos,
beneficios y privilegios que los ciudadanos y residentes legales.

A menos que el Congreso actúe, por ahora el Gobierno puede
retirar la ciudadanía a quienes se han naturalizado sólo en casos
excepcionales, normalmente relacionados con inmigración.

En general, los estadounidenses tienen que renunciar formalmente
a su ciudadanía para perderla, y el proceso comienza con una carta
al Departamento de Justicia.

La medida de Miller, de ser aprobada, sólo concedería la
ciudadanía si al menos uno de los padres del niño es ciudadano,
residente legal o miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU.

La legislación no afectaría a los niños que nacieron antes de su
puesta en marcha.

El Congreso también sigue dividido sobre el futuro de una reforma
migratoria integral, complicado también por el reciente activismo de
los conservadores del llamado "Tea Party", que se oponen a una
"inmerecida amnistía" para los indocumentados.

La comunidad inmigrante saldrá a las calles en una manifestación
nacional el próximo 21 de marzo para recordarle al presidente Barack
Obama la promesa que hizo en 2008 y a los demócratas en el Congreso
su compromiso con la reforma migratoria.

Mientras, la iniciativa de Miller, que más parece un truco para
atraer votos de la base conservadora en los comicios de noviembre
próximo, terminará ante el Tribunal Supremo si prospera en el
Congreso.

La 14 enmienda reforzó los derechos de los esclavos negros
emancipados tras la Guerra Civil, ha pasado las pruebas del tiempo,
y debe continuar protegiendo a todos los que nacen en EEUU.

Sin duda, la inmigración ilegal es un problema grave en EEUU pero
responsabilizar a los niños por las acciones de sus padres no es una
solución ni razonable ni democrática.

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