Carlos Roa descubrió que participar en el
"Sendero de los sueños", una marcha para llamar la atención sobre la
necesidad de una reforma migratoria, iba más allá de caminar 2.414
kilómetros desde Miami hasta Washington.
El estudiante, junto con otros tres compañeros, ha palpado en su
recorrido el miedo de los inmigrantes indocumentados, el silencio
que guardan sobre los atropellos de los que son víctimas y la
ignorancia sobre sus derechos, pese a carecer de un estatus legal.
Durante la caminata han escuchado muchos testimonios, relatados
casi en susurros, sobre los abusos contra los inmigrantes
perpetrados por agentes policiales, empleadores o asaltantes.
En la localidad de Mayo, por ejemplo, el temor mantiene en
silencio a la comunidad hispana que habita ese pequeño pueblo en el
noroeste de Florida.
"En esa ciudad hay delitos contra los hispanos que no se están
reportando ante la policía. No tienen ninguna protección y tampoco
recursos", dijo el estudiante venezolano a Efe en una entrevista
telefónica.
La misión de Roa, Felipe Matos (Brasil), Juan Rodríguez
(Colombia) y Gaby Espino (Ecuador), que fueron traídos a EEUU por
sus padres cuando eran niños, es caminar para llamar la atención
sobre la necesidad de aprobar una reforma migratoria y suspender la
creciente ola de redadas y deportaciones.
La caminata se inició el pasado 1 de enero en Miami y la meta es
llegar el 1 de mayo al Congreso, en Washington.
En la agenda está incluido abogar por el proyecto de ley Dream
Act para mejorar el acceso a la educación de los inmigrantes
indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad.
Pero a este cometido se ha sumado la labor de orientar a los
inmigrantes que encuentran a su paso, además de dar charlas en las
universidades y entrevistarse con legisladores.
"Realizamos en (el pueblo de) Mayo un entrenamiento de 'Conozca
sus derechos' (KYR, por sus siglas en inglés) para informar a la
comunidad cómo se deben proteger si la Migra toca a su puerta, se
encuentran en medio de una redada o si un policía les detiene por el
perfil racial", dijo.
Con esta labor Roa considera que la caminata "trasciende más allá
del viaje personal. Estamos ayudando a crear un movimiento a través
de compartir historias, las nuestras y las de los integrantes de las
comunidades, para abrirle los ojos sobre la importancia de tener una
voz".
Roa, de 22 años, experimentó las dificultades de ser
indocumentado en carne propia. Cuando cursaba estudios secundarios,
nadie le daba trabajo, no podía optar por una beca y tampoco
ingresar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Llegó a este país cuando tenía dos años de edad de la mano de sus
padres que se vieron obligados a cambiar el rumbo de sus vidas
porque el abuelo del joven se enfermó.
"Mi abuelo paterno vivió acá tres décadas y en 1989 su salud se
deterioró. Mi papá vino a cuidarlo y mientras estaba en proceso de
obtener su estatus migratorio a través del abuelo, éste falleció",
contó.
La familia heredó propiedades, pero la situación se complicó al
quedarse sin estatus legal.
"En vez de vivir el sueño americano, vivimos la pesadilla
americana. Papá tuvo problemas para mantener los trabajos, mi mamá
sufrió de cáncer y falleció. No pudimos salir adelante", relató.
Hace dos años decidió abogar por los derechos de los
indocumentados y así conoció a otros jóvenes que vivían una
situación similar, pero estudiaban en la universidad.
De esa forma se enteró que él también podía y ahora estudia
arquitectura, pero solo cursa dos materias por semestre porque debe
pagar un costo más alto por ser extranjero.
Pero de aprobarse el Dream Act, incluso solo a nivel estatal, el
joven podría culminar antes sus estudios, según Eduardo Padrón,
presidente del Miami Dade College, el mayor centro universitario de
EEUU con 170.000 estudiantes de los que cerca del 65 por ciento son
de origen hispano.
"Estos muchachos no han cometido ningún delito que no sea
estudiar, comportarse bien y ser buenos ciudadanos. Creo que se les
debe dar la oportunidad de contribuir con la nación", afirmó.
Padrón dijo a Efe que el país invierte mucho dinero en esos
estudiantes hasta que terminan la escuela secundaria, pero "cuando
van a la universidad los quieren tratar como extranjeros y se les
hace casi imposible porque el costo es cuatro veces mayor".
Consideró que la solicitud de los cuatro estudiantes a nombre de
muchos otros a nivel nacional es más que justa y en el caso de
Florida la Asamblea Legislativa puede aprobarla.
"Los hemos planteado muchas veces y ha habido algunos
congresistas que también lo han hecho, pero la ley no ha pasado", se
lamentó el académico.
"Irónicamente, la aprobó Texas que tiene la reputación de ser uno
de los estados con un fuerte sentimiento antiinmigratorio lo que
denota que han actuado con la cabeza y no con los pies. Por lo tanto
los estudiantes indocumentados pueden ingresar a la universidad",
resaltó.