Una población desencantada por la creciente inseguridad ciudadana, la corrupción y la pobreza se debate entre la conti nuidad en el poder de un partido tradicional o dar un inédito giro ideológico en las elecciones del próximo domingo en Costa Rica, un país tradicionalmente centrista.

Los tres principales competidores por la Presidencia costarricense son Laura Chinchilla, candidata del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata), Otto Guevara, del derechista Movimiento Libertario (ML) y Ottón Solís, del centro-izquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC).

Chinchilla representa, como ella misma ha admitido, la continuidad de muchas de las políticas del actual Gobierno y sobre todo del PLN, partido que ha ostentado el poder en Costa Rica durante 32 de los últimos 50 años, con una filosofía socialdemócrata, aunque recientemente ha recibido fuertes críticas por su inclinación hacia el neoliberalismo.

Chinchilla, que se ha comprometido a dar mayor apoyo al 17 por ciento de población pobre del país, lidera las encuestas con cerca de un 40 por ciento de respaldo y es seguida por Guevara, con un 30 por ciento, cuya promesa de “mano dura contra la delincuencia” le ha sumado seguidores, especialmente entre los jóvenes.

Además, Guevara pretende dolarizar la economía, bajar los impuestos, reducir el tamaño del Estado y acabar con los monopolios estatales que aún quedan en Costa Rica.

Solís, por su parte, ha hecho de la cuestión de la corrupción uno de sus caballos de batalla, y ha prometido reformas profundas en la administración pública, con políticas de subsidios, monopolios estatales y auto-abastecimiento alimentario, discurso que le ha granjeado el apoyo del 14 por ciento de los electores, según los sondeos más recientes.

Estas elecciones, de acuerdo con los analistas, podrían mantener o alejar al país política y económicamente más estable de Centroamérica del rumbo que ha llevado durante cinco décadas.

Ni el ML de Guevara ni el PAC de Solís han estado nunca en el poder, pues ambos son partidos jóvenes, pero han dejado muy claro que no seguirán la senda del PLN en los temas claves para el país.

Sin embargo, las ideologías políticas parecen importarles muy poco a los costarricenses, que se muestran más preocupados por contar con un Gobierno capaz de resolver sus problemas cotidianos que por los matices de pensamiento de sus líderes.

La violencia, por ejemplo, es calificada como el principal problema del país por el 25 por ciento de la población, cuando hace cuatro años solo inquietaba al 2 por ciento de los 4,5 millones de habitantes.

Aunque este tema ha sido abordado una y otra vez en la campaña electoral, la realidad es que ninguno de los candidatos ha ofrecido un plan detallado de cómo disminuir la criminalidad a partir del 8 de mayo, cuando el ganador asuma la Presidencia.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la delincuencia en el país sigue una tendencia al alzada y la tasa de homicidios ha llegado al 10 por cada 100.000 habitantes en 2008, frente al 7,5 de un año antes.

Ese año las muertes violentas llegaron a 349.435, lo que supuso un aumento del 25 por ciento.

Pero quien gane los comicios tendrá además una dura tarea para mejorar la percepción que tiene la sociedad de los políticos y del Estado, pues la percepción general es que abunda la corrupción.

Con un ex presidente (Rafael Ángel Calderón, 1990-1994) condenado por desvío de fondos del Seguro Social, otro (Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002) esperando juicio por un asunto similar en la empresa estatal de telecomunicaciones, y decenas de otros casos de corrupción denunciados en la prensa, recuperar la confianza de la población no parece una meta fácil.

Aunque el panorama no se vislumbra sencillo para los próximos cuatro años, los tres candidatos favoritos aseguran con optimismo que su “receta” es la que el país necesita para superar estos y otros problemas en la que ha sido la democracia más estable de Latinoamérica durante más de un siglo.

Uno de los objetivos del TSE para estos comicios es aumentar la participación ciudadana en los comicios, algo que lograría si se reduce el 34 por ciento de abstencionismo que se registró en 2006.

Con esta finalidad, las autoridades electorales han llevado adelante una campaña publicitaria dirigida especialmente a los jóvenes, el sector más propenso a la abstención.