El presidente Barack Obama envió hoy al Congreso un plan presupuestario que destina más recursos a la seguridad fronteriza y a las deportaciones, pese a su preocupación por reducir el déficit fiscal.

El proyecto también salva de los recortes a la educación, que recibirá un aumento de fondos de más del 6 por ciento, e incluye 100.000 millones de dólares extra para la creación de empleo.

La propuesta se refiere al año fiscal 2011, que comenzará en octubre, y debe ser debatida por el Congreso.

Los legisladores usualmente meten mano en los números propuestos por la Casa Blanca, por lo que la ley final de gasto usualmente varía de lo solicitado inicialmente por el gobierno.

El plan de la Casa Blanca dedica 4.600 millones de dólares a mantener los 20.000 agentes de la Patrulla Fronteriza y a terminar la construcción del primer segmento del "muro virtual", que incluye torres de observación, radares, sensores de movimiento y cámaras para detectar los cruces ilegales.

Además, prevé la contratación de 200 nuevos agentes para el control de pasajeros y mercancías en los puntos de entrada al país en la frontera.

La propuesta incluye asimismo más de 1.600 millones de dólares para programas para identificar y deportar a inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos.

Dentro de esa partida está la financiación de "Comunidades Seguras", un programa por el cual la policía local comprueba si las personas que arresta son extranjeros sin permiso para estar en el país.

Se trata de una iniciativa que preocupa a las organizaciones latinas, pues temen que la policía detenga a personas con aspecto de inmigrante por delitos menores con el objetivo real de comprobar si son indocumentadas.

La propuesta de la Casa Blanca también dedica 137 millones de dólares a las bases de datos de verificación de la situación migratoria que usan empresas y agencias gubernamentales locales y estatales.

Su propósito es impedir la contratación de indocumentados o que reciban beneficios sociales.

Se trata de programas lanzados por el gobierno de George W. Bush y continuados por el de Obama que aumentan la presión sobre los 12 millones de inmigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos.

En su discurso sobre el Estado de la Unión la semana pasada, el presidente resaltó la importancia de arreglar el "fallido" sistema migratorio, garantizar la seguridad en la frontera y hacer cumplir las leyes.

Posteriormente, Valerie Jarrett, una de sus principales asesoras políticas, matizó que Obama, está "absolutamente decidido" a conseguir una reforma migratoria, pese a no pedirla expresamente en su discurso.

En total, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que dependen los asuntos migratorios, dispondrá en el año fiscal 2011 de unos 43.600 millones de dólares, un aumento del 2 por ciento frente al ejercicio actual, según la propuesta de la Casa Blanca.

La mayoría de las otras agencias no tendrán esa suerte, pues el plan impone la congelación parcial de los gastos durante tres años para controlar los números rojos del gobierno.

La propuesta refleja un cambio de tono en la Casa Blanca, que hasta hace poco había enfatizado la necesidad de superar la crisis con medidas de estímulo económico y dejar los déficit como un problema secundario.

"Simplemente no podemos gastar como si los déficit no tuvieran consecuencias, como si el despilfarro no importara, como si los dólares que les cuestan tanto ganar a los estadounidenses puedan ser tratados como dinero del 'Monopoly'", dijo Obama en una declaración en la Casa Blanca, acompañado de sus principales asesores económicos.

La propuesta presupuestaria prevé desembolsos públicos por valor de 3,8 billones de dólares en el año fiscal 2011, que comenzará en octubre.

Con ella, los ricos y las grandes entidades financieras pagarán más impuestos, y las empresas energéticas que producen con combustibles fósiles deberán decir adiós a miles de millones de dólares en ayudas tributarias.

Quedan exentos de los recortes los sistemas públicos de salud para los ancianos y los pobres, además de la seguridad.