Las autoridades guatemaltecas buscan
hoy al ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) luego de que un
tribunal de ese país ordenara su captura a petición de Estados
Unidos, que lo reclama por el delito de lavado de dinero, informaron
hoy fuentes judiciales.

La detención de Portillo la autorizó el Juzgado de Primera
Instancia Penal y hoy agentes de la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala

(Cicig), de la Policía y del Ministerio
Público (MP) allanaron tres viviendas con ese fin sin ningún éxito.

Desde anoche una residencia del ex mandatario en el departamento
oriental de Zacapa, de donde es originario, fue rodeada por los
agentes que hoy ingresaron al inmueble para capturar a Portillo,
dijeron a Efe fuentes del Ministerio de Gobernación (interior).

Los agentes permanecieron en el interior del inmueble durante más
de cuatro horas, con resultados negativos.

En breves declaraciones a periodistas, el abogado de Portillo,
Manuel Quinto, explicó que su cliente le pidió que llegara a la
residencia.

Según Quinto, que no reveló donde se encuentra Portillo, el ex
presidente le dijo: "Mira, te encargo que vayas a ver mi casa en
Zacapa porque parece que la van a allanar".

Los agentes policiales y del Ministerio Público también
requisaron otros dos inmuebles en Zacapa y uno más en la capital
guatemalteca, sin éxito.

La captura del ex presidente Portillo con fines de extradición,
por el delito de lavado de dinero fue solicitada por el Gobierno de
Estados Unidos a Guatemala hace dos semanas, aunque salió a luz
pública hasta hoy con los allanamientos judiciales.

La Fiscalía Federal de Miami, según publica hoy el diario local
Prensa Libre, es la que ha presentado cargos formales en contra de
Portillo al considerar que utilizó la banca de ese país para
trasladar dinero del erario público guatemalteco hacia cuentas de
Europa y las Islas Bermudas, entre otros.

Sin embargo, cuando sea detenido y antes de ser extraditado a
Estados Unidos, Portillo deberá responder ante la Justicia de su
país donde tiene abierto un proceso por los delitos de peculado,
abuso de autoridad y sustracción de unos 120 millones de quetzales
(unos 14,45 millones de dólares) durante su Gobierno.

En Luxemburgo y París están congeladas tres cuentas bancarias a
nombre de la ex esposa de Portillo, la mexicana María Eugenia Padua
y la hija de ambos, Otilia Portillo Padua, por un monto de dos
millones de euros (unos 2,8 millones de dólares), que las
autoridades guatemaltecas consideran que forman parte de los fondos
del Estado que fueron extraídos.

La ex fiscal contra la Corrupción, Karen Fischer, que
inicialmente investigó el caso contra Portillo, comentó hoy a una
radio local que, aunque tarde, Estados Unidos está buscando hacer
justicia, porque la banca de ese país fue utilizada para el traslado
de dinero que fue extraído de Guatemala.

Al entregar el poder el 14 de enero de 2004, Portillo asumió de
forma automática como diputado al Parlamento Centroamericano
(Parlacen), pero al iniciarle la Fiscalía una investigación por
corrupción durante su Administración, fue despojado de su inmunidad,
por lo que decidió huir a México para evitar su captura enGuatemala.

El 20 de octubre de 2005, Guatemala solicitó a México formalmente
la solicitud de extradición del ex presidente, la cual le fue
concedida un año después, pero las diversas acciones judiciales que
presentó ante la Justicia mexicana le permitieron permanecer en ese
país hasta 2008.

Sin embargo, Portillo llegó extraditado de México el 7 de octubre
de 2008 y ese mismo día quedó en libertad al cancelar una fianza
económica por más de 120.000 dólares, pero quedó ligado al proceso y
con la prohibición de salir de Guatemala.

A través de sus abogados, Portillo ha presentado una serie de
acciones judiciales para detener el proceso en su contra enGuatemala y siempre ha argumentado que la investigación abierta es
una persecución política.

Además, Portillo rechaza que la Cicig, que dirige el magistrado
español Carlos Castresana, y que ha desbaratado ya redes criminales
en el país, sea la responsable de investigar su caso.

Auspiciada por las Naciones Unidas, la Cicig se instaló enGuatemala hace más de dos años para investigar la presencia de
aparatos clandestinos de seguridad y contribuir a su
desmantelamiento.