Los estudiantes indocumentados tienen derecho a la educación primaria y secundaria, pero enfrentan grandes retos para asistir a la universidad debido a políticas que limitan su admisión y acceso a la ayuda financiera.Cada año 65 mil indocumentados se gradúan de secundaria en Estados Unidos, muchos de ellos con el sueño  de asistir a la universidad.

La semana pasada, una propuesta de ley que permitiría a los indocumentados pagar colegiatura como residentes en Nueva Jersey, no fue aprobada en la legislatura estatal y seguirán pagando ‘out of state’ (fuera del estado), es decir, el doble. Leyes federales prohíben a los indocumentados asistir a la universidad, mientras que según la ley educativa de Pensilvania, éstos deben de pagar colegiatura como si vivieran fuera del estado.

En PA, un estudiante debe residir en el estado por lo menos un año para ser elegible a una cuota de preferencia en una de las 14 universidades públicas, de lo contrario debe pagar el doble. La norma no rige para las privadas. 

En una universidad pública como Bloomsburg la cuota anual puede subir de $5.358 para residentes del estado, hasta $13.396 para residentes fuera del estado.

“Los estudiantes que no son ciudadanos estadounidenses, que tienen una visa de no inmigrante (es decir de estudiante, turista o de trabajo), o que carecen de cualquier visa, son catalogados como ‘out of state’ por el Sistema de Educación Superior de PA (PASSHE), además no son sujetos a ayuda financiera.

Algunos estudiantes, al ser indocumentados se ven forzados a pagar matrícula “fuera del estado”. La licencia de manejar, común para comprobar que se reside en determinado estado, es sin embargo un trámite, que al igual que la admisión a una universidad, requiere un número de Seguro Social , que al final depende de un estatus migratorio legal.

Para Mariana, quien prefirió ocultar su identidad, una identificación y número de Seguro Social falso de Arizona se convirtieron en su pase a la Universidad de Temple. Aunque debía pagar el doble, se sentía más tranquila pensando que sería más difícil para la universidad, verificar su información si venía de otro estado. Dos años después, tras recapacitar, decidió que no tenía caso graduarse con el nombre de otra persona y dejó la escuela.

La Universidad de Temple no pertenece a las 14 universidades públicas, pero tiene relación con el estado, al recibir fondos de éste y apegarse a ciertas de sus reglas. “Es responsabilidad de las universidades clasificar el estatus de los estudiantes, y verificar que los datos sean reales” dijo Ken Marshall, portavoz de PASSHE. “Cuando un estudiante hace una petición de ayuda financiera, el sistema automáticamente verifica su número de Seguro Social” agregó. Si el estudiante no solicita dicha ayuda, es posible que los datos falsos pasen desapercibidos, permitiendo que estudiantes como Mariana vayan a la universidad.

“Si admitimos a un estudiante indocumentado estaríamos violando una ley federal” dijo Jocelind Gant, asistente del vicepresidente de Programas Internacionales de la Universidad de Clarion.

Cuando Karla, otra estudiante que prefirió el anonimato, decidió estudiar en el 2001, no utilizó documentos falsos para ser admitida en una universidad privada de Filadelfia. “Me acerqué a la universidad y les dije que me interesaba estudiar, pero que no tenía papeles, me dieron un número de identificación, pero no me dieron ayuda financiera”.

En el 2005, se convirtió en residente legal, hoy en día está por graduarse de contabilidad y espera que una reforma migratoria abra las puertas para que millones de indocumentados tengan acceso a una educación superior.