El Gobierno de México aseguró que la
participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública
"es temporal" y que el fuero militar "no es no es espacio de
impunidad ni de privilegios", en respuesta al informe presentado
este miércoles por Human Rights Watch (HRW) en Washington.

Desde el inicio de su mandato, en diciembre de 2006, el
presidente Felipe Calderón lanzó una guerra contra los distintos
cárteles que operan en México y envió a miles de soldados y agentes
federales a zonas de conflicto, donde además las Policías locales
han sido infiltradas por el narcotráfico.

Este miércoles, HRW señaló en un informe que México y Brasil son
los países donde más se han deteriorado los derechos humanos en el
último año debido a los abusos cometidos por el Ejército y la
Policía en la lucha contra el narcotráfico.

En México, según HRW, el Ejército tiene un historial "horrendo"
de no investigar delitos cometidos por sus miembros.

En respuesta, la Secretaría de Gobernación (Ministerio del
Interior) señaló en un comunicado que "la participación de las
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es temporal y
subsidiaria, a petición fundada y motivada de las autoridades
civiles".

Expresó además que como parte del compromiso de las Fuerzas
Armadas con el respeto de los derechos humanos, la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) imparte cursos, conferencias y seminarios
a todo el personal militar, y trabaja en varios aspectos con
instituciones de derechos humanos de México y de la ONU.

El ministerio afirmó que los militares que cometen delitos "son
procesados y sancionados conforme a derecho, por lo que el fuero
militar no es espacio de impunidad ni de privilegios".

Las autoridades mexicanas, dijo, están comprometidas con una
cultura de respeto y promoción de los derechos humanos, y
convencidas de que las aportaciones de la comunidad internacional y
de la sociedad civil "son herramientas fundamentales para apoyar los
esfuerzos internos en materia de derechos humanos".

El número de denuncias contra las Fuerzas Armadas presentadas
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México se
multiplicó por seis entre 2006 y 2008, y llegó a 559 en los primeros
seis meses de 2009, según el informe de HRW.

En calles de varias ciudades de México han sido desplegados unos
45.000 soldados y 20.000 agentes federales para combatir al crimen
organizado que, en su guerra por controlar el mercado local y las
rutas de drogas a EE.UU., se ha cobrado más de 15.000 vidas en los
últimos tres años.