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Acción contra burdeles deja miedo colectivo

Arrestos ligados a una investigación criminal sembraron el pánico entre la comunidad mexicana. ICE dice que no arrestará a quien no tenga relación con los…

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Una de las redadas que se llevó a cabo en las calles 10 y Spring Garden, temprano la mañana del lunes 11 de enero en donde ICE arrestó a alrededor de 10 personas.         Alejandro Alvarez/Daily News

 

Eran las 7:00 a.m. del lunes 11 de enero cuando Jaime Padilla recibió el primero de casi 30 mensajes de texto sobre las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el sur de Filadelfia y en la esquina de la calle 10 y Spring Garden.

“Cuídate de inmigración está en la 7 y Federal”, decía uno de los mensajes. Al llegar al negocio donde trabaja en la calle nueve notó que la calle estaba desierta. “La gente tenía miedo, no quería ni abrirle la puerta a nadie, ni ir a trabajar. La voz se corrió rápido, nos cuidamos entre nosotros, nos echamos la mano”, dijo este mexicano.

“Me contó mi primo que esa mañana llegó ICE al departamento de otro primo en la calle Christian. En el piso de arriba de su casa vivían a los que andaban buscando, pero a él sin deberla ni temerla también se lo llevaron (...). Estaba dormido, le tocaron la puerta, abrió, le pidieron papeles y como no tenía se lo llevaron. Ya lo dejaron salir, pero le pusieron un brazalete”.

Según cuenta el comerciante, su primo enfrenta un proceso de deportación.

Durante la semana hubo confusión entre la comunidad por el arresto de 50 hispanos, entre ellos 39 mexicanos, nueve hondureños y dos mexicanas, durante una operación contra una red de burdeles.

La investigación llevó al arresto y presentación de cargos a cuatro  mexicanos, uno de ellos fugitivo, como parte de una investigación federal debido a que involucra el transporte interestatal de prostitutas, pero también ocasionó el miedo colectivo debido a la irrupción de las autoridades a varias viviendas en busca de los criminales.

De los 50 indocumentados, 27 fueron liberados el martes y 23 permanecían detenidos hasta el cierre de esta edición. A ellos “se les agilizará el proceso de corte”, explicó Mark Medvesky, portavoz de ICE.

Medvesky aseguró que las personas que no tengan nada que ver con los burdeles no tienen nada que temer.

Los acusados, José Claudio “Ricky” Corona Cotonieto, de 27 años; Raymond “Johnny” González Salazar, de 31; Nicolás “Nico” González Salazar, de 22, fueron arrestados durante la operación, mientras que Leonel  Rubio, alias “Rojo”, es buscado por las autoridades.

“El lunes como a las 7:00 p.m. llegó la Policía a mi tienda a preguntar por un hombre. Me enseñaron la fotografía de un pelirrojo, pero yo la verdad nunca lo había visto”, dijo Mario Fernández, dueño de la tienda de abarrotes, Rosa Mexicano, ubicada en la calle 8.

“Uno los trata como clientes, pero uno qué va a saber que andan haciendo cosas malas. Es injusto que nos den mala fama a aquellos que lo que queremos es trabajar y no meternos en problemas”, dijo Fernández.

Cerca de su tienda operaban los burdeles, en el 1221 del sur de la calle 7 y en el 1314 de la calle 6.

“Dicen que ellos (los padrotes) andaban entre la comunidad con sus carrazos del año, pero aquí nadie dice nada, no nos queremos meter en problemas. Y es injusto que hayan arrestado a gente buena que nada tiene que ver. Habemos quienes estamos aquí por la necesidad de trabajar y no para buscar líos con la ley”, dijo un mexicano der sur que prefirió el anonimato.

Sobre los burdeles dijo: “Nunca los he visto, pero sé que te dan una tarjeta en la calle anunciando cerveza o cualquier cosa, pero es realidad el teléfono para pedir sexo servidoras a domicilio, y casi siempre la comparten entre diferentes hombres, usted sabe, las pláticas que se escuchan en la calle”, dijo el mexicano.  Ahorita la gente anda asustada, pero la verdad no creo que la prostitución se termine, es algo que siempre va a existir y más aquí que hay tanto hombre joven que está solo”.

Fuentes policiales señalaron que todo comenzó en Montgomery County, en donde los primeros arrestados delataron a indocumentados del sur de Philly.

Cristina Pérez, directora del alcance latino de la organización Mujeres Organizadas contra la Violación (WOAR) lleva muchos años trabajando con dicha comunidad y asegura que son muchos factores los que incrementan el consumo de este servicio entre inmigrantes.

“La mayoría son jóvenes que están solos, que tienen pocas habilidades para relacionarse con mujeres, quizás por el idioma o por estar en un ambiente ajeno, algunos de ellos dejaron a sus mujeres en México y no tienen manera de expresar su sexualidad. Viven angustia y están estresados, además que no cuentan con el apoyo de su familia o no tienen una figura que los oriente o les de ejemplo”, dijo Pérez.

Así mismo, instó a la comunidad a no quedarse callada ante esta y cualquier problemática.

“No podemos cerrar los ojos y aguantar, porque si me quedo callado entonces soy parte del problema. Debemos trabajar en colectivo y no individualmente aunque sean temas incomodos como este”, dijo Pérez.

Para más información del Grupo de Ayuda a Hombres de WOAR llame al 267 238 3304 ext. 175.

Una investigación federal de seis meses

De acuerdo con la investigación, entre 60 y 70 mujeres trabajaron para los acusados desde agosto del 2009 hasta la fecha, generando ganancias de $9 mil por semana. Corona Cotonieto y Raymond Gonzalez Salazar son sindicados de hacer arreglos para que hispanas de Nueva York trabajaran a domicilio en Filadelfia y en los burdeles. Además,  Nicolás Salazar es acusado de manejar la agenda de las prostitutas para domicilio, además de transportarlas, mientras que a Rubio se le atribuye la seguridad de los burdeles y el  acceso de los clientes al lugar.

Los cuatro detenidos enfrentan cargos de conspiración, mientras que Corona Cotonieto y Raymond González Salazar enfrentan otros siete cargos por promover la delincuencia organizada interestatal.

El caso fue investigado por la Policía Estatal de Pensilvania, el Departamento de Policía de Filadelfia, ICE  y la Fiscalía del condado de Montgomery y los cargos estuvieron a cargo de la División Este de la Fiscalía de Pensilvania.

Cotonieto y Raymond Salazar podrían enfrentar 180 años de cárcel, mientras que Nicolás Salazar y Rubio 145.