La futura ley boliviana que permitirá
enjuiciar a autoridades por lesionar intereses del Estado abrió un pulso entre el Gobierno de Evo Morales y tres de sus antecesores,
que han cuestionado la legalidad de esos procesos.

El Gobierno boliviano calificó como un intento de volver a la
"palestra política" la denuncia planteada de forma conjunta por los
ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002), Carlos Mesa (2003-2005) y
Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), junto al ex vicepresidente
Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), contra los juicios de
responsabilidad que impulsa el oficialismo contra ellos.

Estos ex dirigentes piden que se corrija el polémico proyecto de
ley sobre "juicios de responsabilidades" porque consideran que la
norma que actualmente tramita la Asamblea Legislativa viola los
derechos humanos y contraviene tanto la Constitución como diversos
tratados internacionales.

Quiroga, Mesa, Rodríguez y Cárdenas podrían ser procesados en
virtud de esta norma, ya que el Gobierno de Morales los ha acusado
de diversos delitos contra el Estado cometidos en sus respectivos
mandatos.

Sin embargo, la denuncia conjunta de los ex mandatarios -inédita
en Bolivia- es interpretada por el Gobierno y el oficialismo como
una "auto-inculpación" y como una manera de recobrar protagonismo
político en el país.

Si bien Morales no se ha pronunciado todavía al respecto, sí lo
han hecho dos de sus ministras y el presidente de la Cámara de
Diputados, Héctor Arce, quienes consideran que la denuncia conjunta
de los ex gobernantes es "apresurada".

Por su parte, los ex presidentes profundizaron en sus
críticas contra la que consideran una "ley guillotina" que pretende
el linchamiento de los opositores a Morales que antes ocuparon
responsabilidades de Estado.

Quiroga acusó al Gobierno de plantear una "agenda de destrucción
completa y total" con una ley para que quienes hayan ocupado puestos
públicos en el antiguo Estado "colonial" bien se fuguen o bien
acaben "en el cementerio o enjuiciados y apresados".

En el mismo sentido, Cárdenas, vicepresidente en el primer
Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, aseguró que la ley para
acelerar esos juicios "es realmente una guillotina que solo busca
linchar" a los opositores al Ejecutivo.

Por su parte, Mesa advirtió de que en Bolivia "está en riesgo la
Justicia", y no solo la vinculada a los juicios de responsabilidades
a autoridades, "sino a los principios básicos que se establecen para
juzgar a cualquier ciudadano".

Quiroga y Mesa fueron acusados en el 2006 (primer año de Gobierno
de Morales) por la Fiscalía General de violar la ley e incluso la
Constitución, por la suscripción de contratos petroleros con
multinacionales.

Por su parte, Rodríguez Veltzé fue acusado también ese año de
sometimiento a dominio extranjero y espionaje, por haber autorizado
en su gestión la destrucción por Estados Unidos de 41 misiles de las
Fuerzas Armadas bolivianas.

Cárdenas no está imputado por la Fiscalía, pero en 2006 la
administración de Morales lo demandó en la reapertura del llamado
caso Enron, donde se acusa al primer Gobierno de Sánchez de Lozada
de la presunta firma ilegal de un contrato para construir un
gasoducto a Brasil en 1994.

Los ex jefes de Estado denuncian que los jueces que eventualmente
les procesarán no son imparciales, al haber sido nombrados
directamente por su "acusador", Morales, y que la nueva norma no
garantiza el "debido proceso" porque no establece derecho a la
apelación ante una sentencia condenatoria, entre otros argumentos.

El mandatario boliviano designó directamente en febrero a 18
autoridades interinas de las 26 que integran las principales
instancias judiciales de Bolivia, una potestad que le cedió la
Asamblea Legislativa mediante una ley al efecto.

Sobre este aspecto, la ministra de Defensa Legal del Estado,
Elisabeth Arismendi, recordó hoy a las ex autoridades que si no
están de acuerdo con los tribunales que se encarguen de cada caso,
pueden pedir su recusación.

La polémica iniciativa sobre "juicios de responsabilidad" ha
llevado incluso a diplomáticos europeos a trasladar al Gobierno de
Morales su preocupación por eventuales juicios contra ex
presidentes, según confirmaron esta semana fuentes diplomáticas.

Los ex gobernantes Mesa, Quiroga y Rodríguez Veltzé y el ex
vicepresidente Cárdenas han anunciado que acudirán a las instancias
nacionales e internacionales que sean necesarias para defender sus
derechos ante estos procesos.