La aprobación de la ley que permite los
matrimonios gays en Ciudad de México adoptar a niños ha desatado la
polémica en el país con críticas de la Iglesia católica y grupos
conservadores, que planean presentar un recurso de
inconstitucionalidad.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Congreso
local en la capital, aprobó por una aplastante mayoría reformas a
normas civiles que legalizan los "matrimonios de homosexuales", un
reconocimiento que no existe aún en otros países de América Latina.

El cardenal y arzobispo primado de México, Norberto Rivera, se
pronunció hoy de manera pública en contra de esta ley por
considerarla "inmoral" y negativa para el núcleo familiar.

El jerarca católico difundió una misiva donde rechaza que estas
parejas tenga el derecho de adopción por considerarla "una perversa
posibilidad" que no respeta el derecho de los niños a tener una
familia constituida por un padre y una madre.

Sin embargo, organizaciones civiles y algunos legisladores
mexicanos criticaron que la Iglesia católica de México trate de
"someter a sus criterios la nueva ley.

"Somos un estado laico que, si bien es cierto que la Iglesia
puede tener una opinión y expresar su punto de vista, otra cosa es
que intente utilizarla o valerse de ella como una condicionante",
dijo a Efe el responsable de la Red Nacional de Organismos Civiles
de Derechos Humanos, Édgar Cortez.

El activista reconoció que esta nueva iniciativa permite avanzar
en la aplicación de los derechos humanos en la capital de México, y
consideró que, con las adopciones entre estas parejas, "el país se
beneficia al dar un paso para el entendimiento de la diversidad".

México, uno de los países con más católicos en el mundo, es un
Estado laico en cuyo Gobierno federal gobierna desde hace nueve años
un partido conservador.

Sin embargo en la capital del país el poder está en manos del
izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde 1997.

Sobre la cuestión también se pronunciaron hoy legisladores del
Congreso, con voces a favor y en contra de los matrimonios
homosexuales, pero en su mayoría contrarias a la autorización a
estas parejas para adoptar.

El opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció,
a través de su coordinador en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, que
esta ley representa un avance para las personas con preferencias
sexuales diferentes a la dominante aunque agregó que la discusión
sobre las adopciones "requiere un paso de reflexión" para garantizar
la seguridad de los menores.

Por su parte, el senador del Partido Acción Nacional (PAN)
Guillermo Tamborrel dijo a Efe que la nueva ley es "una aberración
(...) que lamentablemente no procura ni cuida a los niños, que
aunque sean adoptados requieren de una mamá y un papá".

También el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se declaró
contrario a la normativa.

Ayer, Armando Martínez, representante del Colegio de Abogados
Católicos de México, dijo que ese organismo interpondrá en las
próximas semanas acciones legales en contra de esta nueva ley y que
podría llegar a pedir incluso su inconstitucionalidad.

Aunque la aprobación de la nueva ley ha sido celebrada por la
comunidad lésbico-gay mexicana, los cambios que entraña deberán ser
ratificados las próximas semanas por el alcalde capitalino, Marcelo
Ebrard, y entrarán en vigor una vez publicadas en la Gaceta del
Distrito Federal.