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Los "mínimos" clausuran la Cumbre en Copenhague

Un acuerdo sin carácter vinculante dejó a muchos participantes decepcionados.

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Un acuerdo de mínimos y sin carácter
vinculante, que ha dejado a muchos participantes decepcionados, ha
clausurado el sábado la Cumbre de la ONU del Cambio Climático de
Copenhague sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero.

El texto acordado en la madrugada, y que debía ser refrendado aún
por el pleno de la conferencia, omite el monto global de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero, al contrario de lo
pretendido por muchos países, y sólo pide "profundos recortes" en
este sector sin precisar plazo.

Fue el presidente de EEUU, Barack Obama, el primero en declarar
en la capital danesa que el documento, cuando aún se estaba
redactando, no sería vinculante, pero que es un "avance sin
precedentes y significativo".

En principio, se trataba de un pacto cerrado entre Obama y el
presidente sudafricano, Jacob Zuma, y los primeros ministros de
India y China, Manmohan Singh y Wen Jiabao, respectivamente, al que
luego se adhirió la UE, pero que excluyó a países en desarrollo,
incluidos varios latinoamericanos como Venezuela y Bolivia.

La declaración alude a la necesidad de limitar la subida de las
temperaturas en 2 grados con respecto al nivel de 1900, aunque no
fija qué medidas se adoptarán para ello y en qué plazo temporal.

Pese a que el objetivo de la ONU era que el bloque
industrializado adoptara cifras homogéneas de reducción de emisiones
tanto para 2020 como para 2050, el texto se limita a recoger las
propuestas a medio plazo anunciadas por cada país antes de acudir a
la cumbre de Copenhague, en la que han participado 192 países.

El documento también establece la financiación que los países
ricos destinarán a la mitigación y adaptación al cambio climático de
las naciones en desarrollo y que será de 30.000 millones de dólares
entre 2010 y 2012 y de 100.000 millones de dólares anuales a partir
de 2020.

Entre los insatisfechos estaba el presidente francés, Nicolas
Sarkozy, quien admitió que el texto consensuado no era perfecto,
pero que era un acuerdo por el que todos los países, incluida China,
deberán presentar sus planes para recortar las emisiones de dióxido
de carbono (CO2) hasta el 1 de febrero de 2010.

En una primera reacción, Brasil se mostró "muy decepcionado" por
estos resultados y expresó su confianza de que en el 2010 se pueda
alcanzar un pacto más sustancioso sobre las emisiones en vistas a la
cumbre de diciembre en México.

El embajador de la delegación brasileña, Sergio Serra, dijo en
rueda de prensa que "al menos hay un acuerdo que permitirá salvar
algo y seguir negociando el próximo año las cifras que aquí no se
han concertado".

También las organizaciones ecologistas expresaron su desencanto
por este desenlace, cuyas expectativas fuentes cautelosas de
Naciones Unidas, como el secretario ejecutivo de la conferencia, Yvo
de Boer, ya habían rebajado considerablemente.

Las reacciones negativas de los países en desarrollo y las
organizaciones ecologistas, que habían colocado el listón más alto
que las delegaciones de los países industrializados, no se hicieron
esperar.

Lumumba Stanislaus Di-Aping, portavoz del grupo G77 de los no
alineados, comentó que esto no es lo que tenía que haber salido de
Copenhague y que es una mera declaración política y propuso que se
prolonguen las negociaciones en otros seis meses para alcanzar un
acuerdo real.

José Antonio Hernández de Toro, portavoz en España de la
organización ecologista Oxfam Internacional, calificó este pacto de
"un acuerdo de mínimos", que posiblemente se cierre con una
declaración política.

Mar Asunción, de la organización WWF España, comentó que lo
pactado en Copenhague es "insuficiente" y que en México, donde
tendrá lugar la próxima cumbre del cambio climático en 2010, habrá
que lograr un acuerdo vinculante sobre las emisiones.

Agregó que también es insuficiente el compromiso de financiación
a los países pobres para mitigar los efectos de las emisiones y que
no está clara la procedencia de los 100.000 millones de dólares
anuales que deberán aportar las naciones ricas a partir del 2020.