La comunidad inmigrante espera que en 2010 el presidente Barack Obama y el Congreso, bajo control demócrata, cumplan su promesa de poner en marcha una reforma migratoria que saque de la sombra a doce millones de indocumentados.

Tanto Obama como funcionarios de alto rango de su Gobierno insistieron a lo largo de 2009 en que el debate y votación de la reforma migratoria ocurrirá el año entrante, una vez que el Congreso resuelva el también espinoso tema de la reforma de salud y otras prioridades.

Defensores de los inmigrantes esperan que el proyecto de ley que promueve el legislador demócrata Luis Gutiérrez pueda espolear el diálogo nacional para corregir el sistema de inmigración que, a su juicio, ha causado la separación de familias y la explotación de los indocumentados en este país.

"El proyecto de ley de Gutiérrez es muy importante, porque es el mensaje que ha esperado la comunidad y marca el comienzo de un debate, postergado pero muy necesario, sobre cómo resolver nuestro maltrecho sistema de inmigración", dijo a Efe el abogado John Amaya, del Consejo Nacional de La Raza (NCLR).

Amaya, director asociado para asuntos de inmigración de NCLR, desestimó las críticas de que éste no es el momento para abrir otro frente de guerra en el Legislativo, enfrascado en un agrio debate sobre la reforma de salud.

"Estos son los mismos críticos que también se quejan de la crisis económica de la nación pero no hacen nada, mientras a los trabajadores (indocumentados) se les explota" y se les convierte en chivos expiatorios, señaló Amaya.

Activistas como Amaya se hacen eco de las declaraciones del Gobierno de Obama, en el sentido de que la reforma, en última instancia, permitiría aumentar las arcas del Estado por concepto del pago de impuestos salariales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, ha subrayado que la reforma deberá apoyarse en una mayor vigilancia fronteriza, un sistema legal más eficiente y una vía para la legalización "firme pero justa" para quienes reúnan los requisitos.

Grupos a favor y en contra de la reforma han prometido dar la lucha cuando comience el debate migratorio, en lo que se prevé será una repetición del de 2007, cuando la reforma quedó sepultada en medio de pugnas partidistas.

Para convertirse en ley, la reforma migratoria requerirá de al menos 218 votos en la Cámara de Representantes, de un total de 435, y de 90 de 100 en el pleno del Senado.

Los activistas pro-reforma consideran que "querer es poder" y que si el Congreso habla con seriedad sobre la reactivación económica, entonces encontrará los votos donde haya que buscarlos.

El propio Gutiérrez ha dicho que "se acabó el tiempo de espera" y que su iniciativa es fruto de meses de consultas con diversos actores de la sociedad civil, entre grupos cívicos, sindicatos y líderes del Congreso.

Es, a su juicio, una respuesta "a tantos años de dolor" causados por las redadas y deportaciones, la explotación de trabajadores y la porosidad de la frontera sur.

Sólo que grupos conservadores, entre éstos la Federación para una Reforma de Inmigración Estadounidense (FAIR), también hacen lo propio y exigen que el Congreso combata la inmigración ilegal y restrinja aún más las visas, porque los inmigrantes indocumentados han sido y seguirán siendo una carga pública.

Por ello, legisladores como el republicano Brian Bilbray proponen el establecimiento de una cédula nacional de identidad, una tarjeta de Seguro Social a prueba de fraude, y más vigilancia en la frontera con México, entre otras medidas para impedir la contratación de extranjeros clandestinos.

Quizá como un guiño a los conservadores, el Gobierno ha continuado las deportaciones y ha realizado más auditorías contra empresas que se sospecha contratan indebidamente a trabajadores "sin papeles".

Las autoridades detuvieron a cerca de 370.000 indocumentados en el año fiscal 2009 que acabó en octubre pasado, una cifra que es más del doble de hace una década, según un informe reciente de la Universidad Syracuse.

Los grupos pro-inmigrantes realizaron este año diversos actos de presión en decenas de ciudades con alta concentración hispana, entre éstas Chicago (Illinois) y Los Ángeles (California), y piensan retomar su movilización hasta obtener la ansiada reforma.