Cuatro ex miembros del Ejército
guatemalteco fueron condenados a 53 años de prisión por un tribunal
que los halló culpables de la desaparición de ocho personas durante
el pasado conflicto armado, informó hoy una fuente judicial.

El Ministerio Público (MP) había solicitado una sentencia de 570
años para cada ex militar por los delitos de detención ilegal,
incumplimiento de deberes de humanidad y desaparición forzada.

El Tribunal de Sentencia de Chiquimula, en el oriente de
Guatemala, condenó este jueves a 53 años de prisión al coronel
retirado Marco Antonio Sánchez Samayoa y a los ex comisionados
militares Salomón Maldonado Ríos, Gabriel Álvarez Ramos y Domingo
Ríos Martínez.

Los cuatro ex militares fueron hallados culpables de la
desaparición de Jacobo Crisóstomo Chegüén, Miguel Ángel Chegüén
Crisóstomo, Raúl Chegüén, Inocente Gallardo, Antolín Gallardo
Rivera, Valentín Gallardo Rivera, Santiago Gallardo Rivera y
Tránsito Rivera

Según el proceso judicial, las 8 personas fueron capturadas de
forma ilegal y desaparecidas el 19 de octubre de 1981 en la aldea el
Jute del departamento oriental de Chiquimula, y hasta ahora se
desconoce su paradero.

Los hechos se registraron durante el conflicto armado que
desangró a Guatemala entre 1960 y 1996 y, según reconoció Sánchez
durante el juicio, las 8 personas fueron capturadas porque
colaboraban con la guerrilla.

Aunque fueron condenados a 53 años, los ex militares solo tienen
que cumplir 50 como lo contemplan las leyes guatemaltecas.

Además, el Tribunal dejó abierta una investigación en contra de
los generales retirados Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas
García, quienes eran ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor de
la Defensa cuando ocurrió la desaparición de las 8 personas.

Un dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, que
actuó como querellante adherido en el proceso, calificó hoy de
positiva la condena porque la desaparición no quedó en la impunidad,
aunque, ahora, añadió, la tarea es saber dónde se encuentran los
cuerpos de los 8 desaparecidos.

Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio
Morales, dijo a periodistas que la sentencia sienta un precedente
para que se juzgue a los militares que cometieron delitos de lesa
humanidad durante el conflicto armado.

Este es el segundo caso de desapariciones forzadas que se juzga
en Guatemala y que llega a sentencia.

En septiembre pasado, el ex comisionado militar Felipe Cusanero,
fue condenado a 150 años de prisión al haber sido hallado culpable
de la desaparición forzada de seis indígenas entre 192 y 1984 en el
departamento noroccidental de Chimaltenango.

Según la Comisión del Esclarecimiento Histórica (CEH), la guerra
dejó unos 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

En su informe "Memorias del Silencio" que presentó en 1999, la
CEH aseguró que el Ejército había cometido genocidio en Guatemala y
de las 669 matanzas que documentó, 632 las atribuyó a los militares.