El Gobierno de Perú ratificó el sábado el
descubrimiento de una red de espionaje en la que están implicados
militares peruanos y ciudadanos chilenos, y quedó a la espera del
regreso del presidente Alan García desde Singapur, para anunciar su
posición oficial sobre el tema.

"Estoy adelantando 24 horas mi regreso para tener una información
plena, adecuada, y poder expresarme desde dentro del Perú", dijo
García desde Singapur, quien, además, canceló una entrevista que
tenía programada con la mandataria chilena, Michelle Bachelet.

En declaraciones a medios chilenos, el ministro de Defensa de
Perú, Rafael Rey, recalcó hoy que el caso de espionaje,
supuestamente financiado por Chile, está confirmado.

"Efectivamente se trata de un hecho de espionaje financiado por
Chile aparentemente, según la declaración de él mismo (el implicado
Víctor Ariza Mendoza)", indicó Rey.

Además, el Gobierno peruano llamó ayer a consultas a su embajador
en Santiago y el canciller peruano, José García Belaúnde, declaró
que también canceló la visita que iba a hacer la próxima semana a
Chile la ministra de la Producción, Mercedes Aráoz.

García Belaúnde señaló desde Singapur, donde asiste junto a
García a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia
Pacifico (APEC), que el espionaje es un acto "inamistoso y ofensivo"
para el Perú.

Sin embargo, el Gobierno chileno fue categórico en asegurar que
Chile no espía e indicó que cuando hay denuncias como estas, los
Gobiernos tienen que ser prudentes y serios.

"Queremos ser muy claros, Chile no espía. Chile es un país serio
en sus relaciones internacionales, actuamos con criterio de
transparencia y así es reconocido en todo el mundo", afirmó la
ministra portavoz, Carolina Toha, en el Palacio de La Moneda, quien
descartó que su país llame a consultas al embajador chileno en Lima.

El escándalo se desató cuando se conoció que el suboficial de la
Fuerza Aérea Peruana (FAP) Víctor Ariza Mendoza supuestamente
entregó a Chile secretos de Estado que implican las adquisiciones
militares programadas hasta 2021.

El suboficial, de 45 años, hizo en los últimos años "viajes
triangulados" a Argentina y Chile para entregar esa información,
según un reporte migratorio publicado hoy por el diario El Comercio.

Aunque Ariza ya aceptó su responsabilidad, los investigadores
peruanos tratan de determinar la cantidad exacta de información que
supuestamente entregó, entre la que se menciona un plan
institucional de la FAP hasta 2021, año del bicentenario de la
independencia peruana.

En este plan se señalan las necesidades y proyecciones de la
fuerza aérea en cuanto a personal, aeronaves, aspectos
administrativos e instrucciones, según la publicación.

El suboficial también habría entregado listas con las identidades
de los alumnos de la Escuela de Inteligencia de la FAP y algunos
documentos vinculados con la demanda por límites marítimos
presentada por Perú contra Chile ante la Corte de Justicia de La
Haya, aunque esta información no ha sido confirmada.

Los investigadores peruanos tratan de determinar, además, si el
suboficial entregó los códigos secretos de comunicación de las
embajadas peruanas.

Los medios locales aseguraron, además, que el suboficial pudo
contar con el apoyo de su pareja, una policía en actividad, quien
supuestamente le ayudaba a preparar la información y recogía los
pagos que le entregaban.

Luego de que el militar confesara su culpa, un juez de Lima
ordenó su detención junto a la de otro suboficial peruano y la
captura de dos supuestos militares chilenos.

El juez Luis Garzón Castillo, a cargo del Juzgado Penal de Turno
Permanente de la Corte Superior de Lima, abrió instrucción por los
cargos de revelación de secretos nacionales, espionaje y lavado de
activos en agravio del Estado.

Además, dictó orden de detención contra otro suboficial de la
FAP, cuyo nombre no fue proporcionado, por el cargo de cómplice
necesario de los delitos de revelación de secretos nacionales y
espionaje, en perjuicio del Estado peruano.

La resolución judicial también ordenó la captura de los supuestos
militares chilenos Daniel Márquez Torrealba y Víctor Vergara Rojas,
acusados de ser los instigadores de estos delitos.

El juez remarcó que antes de solicitar la extradición de los dos
chilenos se deberá confirmar los datos que se tienen sobre sus
identidades.

La Comisión de Inteligencia del Congreso decidió, por su parte,
citar a los jefes de Inteligencia y de la Contrainteligencia de la
FAP, quienes deberán presentarse el lunes, en sesión reservada, para
detallar los pormenores del caso.