La defensa del ex presidente de
Guatemala Alfonso Portillo trabajaba y en el inicio de una larga
batalla que evite su extradición a EE.UU., aprobada el miércoles en
primera instancia por un juzgado del país centroamericano y a la que
el actual mandatario, Álvaro Colom, dijo que no se opondrá.

"Estamos trabajando en eso (la apelación). En las próximas horas
se presentarán los recursos pertinentes", dijo a los periodistas el
abogado Telésforo Guerra, quien dirige el equipo de defensores de
Portillo.

Un tribunal de Sentencia Penal de Guatemala falló el miércoles a
favor de que el ex gobernante sea extraditado a Estados Unidos para
que sea procesado por el delito de conspiración para lavar dinero.

Los jueces accedieron a la extradición tras determinar que
existen "suficientes elementos de prueba" que justifican la petición
de la Fiscalía de Nueva York, que acusa a Portillo de usar el
sistema bancario de ese país para "lavar" unos 70 millones de
dólares supuestamente desfalcados de las arcas del Estado
guatemalteco durante su mandato (2000-2004).

El camino que se debe transitar para que se concrete la entrega
de Portillo a la Justicia estadounidense se presenta largo y lleno
de obstáculos, no sólo por los recursos legales que su defensa
planea presentar para evitarla, sino porque antes deberá concluir
otro proceso penal que se ventila en su contra ante un juzgado
local.

Según el fallo del tribunal, Portillo primero deberá cumplir con
el proceso que se instruye en Guatemala por peculado, por la
presunta malversación de unos 14,9 millones de dólares.

Por esta acusación, que ha sido respaldada con investigaciones de
la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), que trabaja
en Guatemala con el auspicio de la ONU, el ex mandatario fue
extraditado de México en octubre de 2008, aunque logró evadir la
prisión con el pago de una fianza de 120.000 dólares.

Este proceso, por el que enfrenta una condena de hasta diez años
de prisión en caso de ser declarado culpable, según fuentes
judiciales, podría extenderse "por muchos meses, e incluso años", si
la defensa así se lo propone.

De momento, los abogados de Portillo tienen hasta el próximo
lunes para apelar ante una Sala de Amparos el fallo que dio luz
verde en primera instancia a la extradición.

En caso de que la sala ratifique esta decisión, el ex mandatario
puede acudir en última instancia a la Corte de Constitucionalidad,
el máximo tribunal del país centroamericano.

Según Guerra, la resolución del tribunal "es totalmente ilegal
porque está plagada de inconstitucionalidades" y se basó en
criterios políticos y no en pruebas jurídicas.

Por su parte, el secretario de Comunicación de la Presidencia,
Ronaldo Robles, dijo a los periodistas que el presidente Álvaro
Colom "está dispuesto a cumplir con la ley" y a no interferir en las
decisiones de los tribunales, por lo que ratificó su determinación
de autorizar la extradición del ex gobernante.

Según la legislación local, es el presidente al que le
corresponde en última instancia autorizar la extradición de un
guatemalteco para que sea procesado en otro país.

"El Gobierno respeta los procesos judiciales y, cuando se agoten
todos los procedimientos, se debe cumplir con los fallos", señaló
Robles.

En los últimos veinte años han sido extraditados a los Estados
Unidos siete guatemaltecos acusados por la Justicia de ese país de
delitos de narcotráfico, entre ellos el político Arnoldo Vargas,
antiguo alcalde de la ciudad de Zacapa (noreste), pero nunca un ex
presidente.

Desde el restablecimiento del sistema democrático en Guatemala,
además de Portillo, el único ex gobernante que ha sido procesado por
delitos de corrupción durante su mandato fue Jorge Serrano
(1990-1993), quien tras un fracasado autogolpe de Estado huyó a
Panamá, en donde permanece asilado desde entonces.

El fiscal general, Amílcar Velásquez, celebró el fallo en primera
instancia y dijo a la prensa que "se ha dado un paso importante en
contra la impunidad" en el país.

"Esto es algo histórico. Es un logro someter a la Justicia a un
ex funcionario a quien se le atribuyen hechos delictivos", así como
un mensaje claro de que "nadie es superior a la ley".