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Inmigración: Entre pluralistas, legalistas y pragmatistas

Estudio analiza impacto negativo de redadas en zonas rurales de Iowa.

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Las redadas contra indocumentados en zonas rurales de Iowa entre 2006 y 2008 han impedido que los inmigrantes se integren a sus comunidades e impactado negativamente la economía local, según un estudio de la Universidad Estatal de Iowa divulgado esta semana.

El reporte analiza las consecuencias para la inclusión o exclusión de inmigrantes hispanos tras las redadas del 12 de diciembre de 2006 en un frigorífico de Marshalltown y del 12 de mayo de 2008 en una planta procesadora de carne en Postville, así como la "actitud anti-inmigrante" de los alguaciles del condado Sioux.

¿Qué significa para las comunidades rurales de Iowa que no haya habido una reforma migratoria integral? Significa un aumento en las operaciones para presentar cargos contra trabajadores indocumentados, afectando tanto a las fuerzas del orden como a la respuesta de la comunidad", dijo la socióloga Jan Flora, quien junto a su colega Neal Flora prepararon el reporte.

La tercera integrante del equipo, Claudia Prado-Meza, se concentró en su área de especialidad: agricultura sostenible.

En las zonas rurales analizadas por las tres expertas, la población hispana creció un 150 por ciento desde 1990, y sobrepasa el crecimiento de la población no hispana entre menores de 40 años.

La mayoría de los latinos residentes en la zona de estudio son hombres jóvenes o parejas jóvenes con hijos pequeños, con poca educación formal, poco dominio del inglés, poca integración a la vida del país y un reducido porcentaje de ciudadanos estadounidenses.

Entre los principales hallazgos de la investigación figuran el hecho que muchas de los habitantes de zonas rurales desconocen el tiempo que llevan los trámites de inmigración y el que los inmigrantes se ven más afectados por la movilidad social de áreas no urbanas que por la falta de documentos de inmigración.

La actitud de los residentes ya establecidos hacia los recién llegados se divide en tres grupos: pluralista (aceptan la diversidad cultural), legalistas (piden el estricto cumplimiento de las leyes vigentes), y pragmatistas (se enfocan en las contribuciones económicas de los inmigrantes).

Este último grupo incluye, según Flora, Flora y Prado, a la Comisión de Derechos Civiles de Iowa y a las principales organizaciones pro-inmigrantes del estado. Pero son los legalistas quienes presionaron y presionan a las autoridades "para arrestar y deportar a todos los inmigrantes indocumentados".

Como consecuencia de este enfrentamiento, las comunidades rurales afectadas por las redadas han perdido la vitalidad de su "ecosistema" social y económico, al no enfocarse en el capital cultural, financiero, político y humano que representan los inmigrantes.

El ejemplo más evidente, según las autoras del reporte, es lo sucedido en el frigorífico Agriprocessors en Postville, una ciudad de 2.400 habitantes, donde en mayo del 2008 los agentes federales arrestaron a 389 trabajadores indocumentados.

Antes de ese operativo, el establecimiento empleaba a más de mil personas, la mayoría de ellas de origen hispano. En ese momento, descubrieron las sociólogas, las principales tensiones sociales y raciales no eran entre los residentes y los inmigrantes latinos sino entre los nacidos en Iowa y las familias judías que estaban a cargo del frigorífico y que habían llegado desde Nueva York.

Los hispanos, mientras tanto, hicieron lo posible por asimilarse a su nueva ciudad, por ejemplo, abriendo sus propios negocios o rentando inmuebles en Postville. Pero las tensiones entre los ciudadanos y las familias judías, que comenzaron en 2004, llegaron a su punto culminante con la masiva redada de 2008.

Paradójicamente, los detenidos fueron hispanos, principalmente indígenas guatemaltecos (295) y mexicanos (93). Sólo meses después se detuvo a Sholom Rubashkin, gerente general de Agriprocessors. Rubashkin está siendo juzgado ahora en Dakota del Sur por fraude bancario y por ayudar a personas indocumentadas.

Además de la separación de las familias y de la incertidumbre creada por la redada, otro elemento que afecto a la comunidad fue el hecho que muchos de los guatemaltecos detenidos, quienes no hablaban español como primer idioma, no recibieron la suficiente ayuda legal ni contaron con el tiempo necesario como para entender de qué se los acusaba, qué documentos estaban firmando, no qué derechos tenían.

De hecho, las dos únicas opciones que recibieron los inmigrantes fueron cárcel inmediata o deportación.

Además, según las investigadoras, las audiencias judiciales de cada uno de esos indocumentados duraron entre 15 a 30 minutos, y el abogado defensor de oficio sólo pudo conversar menos de 20 minutos con cada cliente.

Esas irregularidades provocaron la movilización de grupos comunitarios y religiosos en Postville, mientras que el éxodo causado por la redada hizo que la municipalidad local declarase la "emergencia económica", por el cierre de numerosos negocios.

La situación derivó "en un complicado enfrentamiento entre cuatro culturas que, a pesar de algún progreso realizado, aún no se ha solucionado".

Tras aquella redada, en otro sector del estado, el alguacil del condado Sioux (la zona de mayor producción agrícola de Iowa) comenzó a detener a conductores hispanos para pedir su identificación. Las detenciones fueron tan frecuentes que los hispanos crearon una red de contactos para avisarse mutuamente si podían o no salir a conducir debido a que un 90 por ciento de esos trabajadores agrícolas es indocumentado.

Para las autoras del reporte, los problemas se solucionarán sólo si los políticos toman acciones basadas en la realidad de la situación migratoria y no en "mitos", y si esas soluciones se aplican a nivel federal y no local.

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