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Insulza, poco optimista sobre diálogo en Honduras

Consideró difícil que las partes reanuden el diálogo para destrabar los obstáculos surgidos.

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El secretario general de la OEA, José
Miguel Insulza, consideró hoy difícil que las partes reanuden el
diálogo en Honduras para destrabar los obstáculos surgidos en la
implementación del acuerdo, dejando poco margen para el optimismo.

En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, convocada
para evaluar la situación en Honduras tras la interrupción del
proceso de ejecución del Acuerdo Tegucigalpa-San José, el titular de
la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó que "no se ve
como muy posible retomar un diálogo" entre el depuesto mandatario
Manuel Zelaya y el presidente de facto, Roberto Micheletti.

No obstante, indicó, en declaraciones a Efe, que el organismo
"seguirá allí" en Honduras, mediando en la crisis hasta su solución.

El Acuerdo Tegucigalpa-San José, suscrito el 30 de octubre, fue
declarado roto por el depuesto presidente de Honduras la semana
pasada, después de que el Gobierno de facto anunciara la
conformación de un Ejecutivo de Unidad sin representantes suyos y
bajo la dirección del mandatario de facto.

El régimen de facto culpa a Zelaya de haber roto el acuerdo, al
haberse negado a entregar la lista con los nombres de las personas
que quería que integraran el Gobierno de Unidad y Reconciliación
Nacional, que debía haberse constituido el pasado día 5.

Insulza defendió al depuesto mandatario al afirmar que Zelaya no
envió los nombres, porque en la misiva que le envió Micheletti el
día 3 de noviembre quedó claro que el presidente de facto iba a
formar un Gobierno de manera unilateral y dirigido por él.

En los últimos días, Insulza ha mantenido largas conversaciones
con Zelaya, quien le transmitió que su "frustración había llegado al
límite y que no estaba dispuesto hacerle el juego a la dictadura".

"Piensa que no se cumplió el acuerdo porque se pretendió (crear)
un Gobierno de forma unilateral, no se ha resuelto el tema de la
restitución y que esto constituye un intento del Gobierno de facto
de ir por la propuesta de la tercería, explicó Insulza.

El Gobierno de facto sostiene que solamente la Comisión de
Verificación -en la que participan como miembros internacionales el
ex presidente chileno Ricardo Lagos y la secretaria de Trabajo de
EE.UU., Hilda Solís- puede dar por fracasado el acuerdo, indicó.

Por tanto, "no descarto pedir a los miembros internacionales de
la Comisión que emitan su opinión sobre lo ocurrido", adelantó.

Insulza aseguró que la solución pasa por la renuncia de
Micheletti, para que el Congreso pueda pronunciarse libremente sobre
la restitución de Zelaya y allanar así el camino para la creación de
un Gobierno de Unidad y la celebración de las elecciones el día 29.

El Gobierno de facto ha pedido a la OEA que envíe una misión de
observadores a esos comicios, pero Insulza aseguró hoy que esa
posibilidad "no se podría ni siquiera considerar".

El embajador de Brasil ante la OEA, Ruy Casaes e Silva, calificó
la situación en Honduras de "telenovela", y reiteró que el Gobierno
de facto está "actuando como hicieron siempre con mala fe".

Por su parte, varios de los países miembros de la OEA, como
Nicaragua, volvieron a asegurar que no reconocerán el resultado de
las elecciones en Honduras si Zelaya no es restituido.

El embajador de Venezuela, Roy Chaderton, dijo sentir "amargura e
indignación" ante lo que está pasando en Honduras, y afirmó que su
país "protesta y eleva su voz cuando muchas voces empiezan a
apagarse", en referencia a EE.UU.

El representante de ese país, Lewis Amselem, sostuvo que si la
OEA rechaza el resultado de los comicios antes de su celebración,
violaría el derecho de los hondureños a determinar su propio futuro.

"La OEA no debe dar la espalda al acuerdo y debe seguir
persiguiendo la plena ejecución del pacto. Debe evitar
recomendaciones no prácticas e inalcanzables que podrían afectar
negativamente a los hondureños y al futuro del organismo", recalcó.

Por último, instó a Zelaya y a Micheletti a implementar "sin
retraso" el acuerdo para facilitar unas elecciones "libres y
transparentes" como solución definitiva a la crisis.

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