Venezuela y Nicaragua se enfrentaron
el lunes al examen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) por casos de judicialización de la protesta social y de
violación de la libertad de expresión, reunión y manifestación.

El 137 periodo de sesiones ordinario de la CIDH arrancó hoy con
dos audiencias privadas sobre el derecho a la libertad de expresión
e información en Venezuela y sobre la institucionalidad democrática,
grupos parapoliciales y cárceles en ese país.

Durante la jornada el delegado del Gobierno venezolano para los
Derechos Humanos, Germán Saltrón, arremetió contra la CIDH, a la que
acusó de ser un instrumento de determinados sectores para
desestabilizar y desacreditar al Gobierno, por lo que pidió la
sustitución del secretario Ejecutivo, Santiago Canton.

La relación de Venezuela con la CIDH se ha deteriorado
drásticamente desde el golpe de Estado del 11 de abril de 2002
contra el presidente Hugo Chávez.

A partir de ese momento, las críticas y acusaciones contra el
ente, y sobre todo contra Canton, han sido constantes.

Venezuela entiende que la CIDH mediante su secretario Ejecutivo
reconoció entonces al Gobierno de facto encabezado por el empresario
Pedro Carmona.

La CIDH ha pedido en varias ocasiones verificar la situación de
los derechos humanos en Venezuela, pero hasta ahora el Gobierno de
Chávez se lo ha negado.

Saltrón afirmó que su país ha manifestado repetidas veces que
Chávez únicamente autorizará una visita de la CIDH si se cumplen
tres condiciones: que la Comisión acepte públicamente su "error al
reconocer al golpe de Estado", que se sustituya a Canton y se asigne
un nuevo relator para Venezuela y que se reforme su reglamento para
garantizar la transparencia, independencia y pluralidad de
pensamiento.

Ésta fue la primera vez que Venezuela pidió en una audiencia de
la CIDH la sustitución de Canton.

Tras esta audiencia, un grupo de 14 estudiantes venezolanos,
encabezado por Julio Rivas, que efectuó recientemente una huelga de
hambre delante de la sede de la OEA en Caracas, se acercó a Saltrón
e intercambió unas palabras.

La delegación había viajado a Washington para reunirse el viernes
pasado con Canton y el secretario general de la OEA, José Miguel
Insulza.

En declaraciones a los medios, Rivas acusó al Gobierno del
presidente Chávez de ser "un violador de los derechos humanos".

Explicó que se han presentado ante la CIDH para "quitar la
máscara de buen Gobierno" al Ejecutivo de su país.

En otra audiencia, varias organizaciones defensoras de los
derechos humanos denunciaron la represión del Estado venezolano
contra los manifestantes y explicaron que 2.240 personas han sido
sometidas a juicios penales por ejercer su derecho a la protesta.

Marino Alvarado del Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos (PROVEA) afirmó que la represión no se manifiesta
solamente contra la disidencia sino "contra quien se moviliza".

En menos de 12 meses fueron asesinados 6 manifestantes, dijo.

En paralelo a estas audiencias, Nicaragua tuvo que hacer frente a
una denuncia similar del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
(CENIDH) sobre presuntas violaciones al derecho a la libertad de
expresión, participación, reunión y manifestación en ese país
centroamericano.

En concreto, el CENIDH aseguró que en Nicaragua existen "fuerzas
paraestatales" cuya función es reprimir las libertades de expresión
y manifestación en virtud de los intereses del Gobierno.

Según Vilma Núnez, presidenta del CENIDH, esas "fuerzas de
choque" se organizan de acuerdo con los intereses del Gobierno de
Daniel Ortega y consiguen "corromper" a la Policía Nacional para
"eliminar todo rastro de disidencia en las calles".

La activista denunció además que el Estado "utiliza la publicidad
para condenar a los medios críticos", una acusación que rechazó de
pleno el representante del Estado en la audiencia, el embajador de
Nicaragua ante la OEA, Denis Moncada.