El Servicio de Inmigración y Aduanas
(ICE) ha firmado con 67 agencias locales y estatales del orden
público el nuevo convenio del programa 287g que unifica los
criterios bajo los cuales pueden ejercer funciones de inmigración.

El secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) encarado del ICE, John Morton, explicó el viernes en una conferencia
telefónica que 55 acuerdos han sido firmados, 12 están pendientes
ratificación, seis están siendo negociados y otros seis no se han
renovado o las agencias se han retirado de las conversaciones.

La firma de los convenios se produce tres meses después de que la
secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, y Morton
anunciaran la introducción de unos memorando estandarizados para
unificar los criterios de los acuerdos establecidos con agencias
locales y estatales en el marco del 287g.

Con estos convenios, el DHS quiere asegurarse de que todas las
agencias que participan en el 287g utilicen los mismos estándares
para la implementación del programa.

La sección 287g de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, permitió
al Gobierno de EEUU ampliar a las autoridades locales el poder
extraordinario de detención y encarcelamiento que estaba
inicialmente en manos de las agencias federales.

Bajo ese programa, los agentes locales y estatales reciben del
ICE la formación para ejercer funciones de inmigración.

El objetivo del 287g ha sido, desde su puesta en práctica en
2006, deportar a indocumentados que hayan cometido un delito grave,
pero el programa ha sido utilizado por algunas agencias locales del
orden público para expulsar a inmigrantes por un delito menor.

La persona sobre la que se ha dirigido quizás la mayor furia de
la comunidad inmigrante y organizaciones defensoras de los derechos
humanos y civiles, ha sido el alguacil del condado Maricopa, en
Arizona, Joe Arpaio, quien afronta acusaciones de "perfil racial".

En la lista de las agencias locales y estatales que han firmado
el nuevo convenio con ICE figura la Oficina del Aguacil de Maricopa.

Morton no quiso comentar el caso de Arpaio, pero destacó que "el
nuevo programa es claro sobre nuestras prioridades", que son los
delincuentes que hayan cometido o cometan delitos graves.

Para evitar que los inmigrantes sean detenidos por el color de su
piel o su aspecto, ICE ha implantado un sistema de supervisión en
virtud del cual tiene que ser esta agencia federal la que autorice
todas detenciones por violar la ley de inmigración.

"Ninguna detención puede ser llevada a cabo sin nuestra
autorización", recalcó Morton, quien agregó que ICE también tiene
que aprobar los cargos que se presenten contra un detenido.

ICE ejecuta además el proceso de deportación.

La prioridades del DHS se centran en la identificación y
deportación de inmigrantes indocumentados delincuentes.

El convenio del 287g incluye un modelo para cárceles, en virtud
del cual las agencias locales del orden público designan a
funcionarios de prisiones para que identifiquen en las cárceles a
indocumentados que cumplen condena para ser deportados.

El modelo de agentes de inmigración implica que los funcionarios
designados y formados ayuden a sus colegas federales a localizar,
procesar y deportar a delincuentes indocumentados.

ICE ha formado hasta el momento a 1.075 agentes en todo el país,
que son responsables de unas 24.000 deportaciones desde enero.

Según Morton, esos agentes han identificado un 48 por ciento de
indocumentados más entre enero y octubre que en el mismo periodo de
2008.