Un juez federal en Los Ángeles
determinó que los hijos que cumplan 21 años sin haber recibido la
residencia bajo la solicitud de sus padres deberán reiniciar el
proceso de manera independiente, lo que provocó el miércoles críticas en la
comunidad inmigrante.

El fallo del juez del Distrito de EEUU, James Selna, es un revés
para un grupo de residentes legales que demandó al Gobierno federal
con el argumento de que sus hijos deberían ser aceptados en el país
cuando los padres presenten las solicitudes de legalización.

La decisión, emitida el viernes pero dada a conocer el martes,
significa que los hijos de los demandantes que alcanzaron la mayoría
de edad mientras se procesaba trámite, deberán empezar desde cero.

Para Javier Rodríguez, director de la Coalición 25 de Marzo -una
de las principales promotoras de las marchas masivas de inmigración
de inmigrantes en el 2006 y el 2007- la decisión del juez "tiene
muchas implicaciones negativas", para la comunidad inmigrante.

"Forma parte de toda una andanada de medidas -que viene con la
nueva administración- diseñadas e implementadas por el Departamento
de Seguridad Nacional e Inmigración", declaró hoy a Efe el
dirigente.

Según Carl Shusterman, abogado de los demandantes, por la
lentitud de los procesos miles de inmigrantes han tenido que esperar
una década o más para poder reunirse con sus hijos.

Los activistas igualmente resaltaron cómo algunas solicitudes de
legalización de inmigrantes, especialmente en los casos de
residencia legal, "tardan hasta 12 años".

"La culpa no es de los hijos o de los padres sino del
departamento de inmigración que se tarda tanto en procesar las
visas", afirmó a Efe Angélica Salas, directora ejecutiva de la
Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles
(CHIRLA, en inglés).

"Se está castigando a los hijos cuando la realidad es que el
culpable de los atrasos es el mismo departamento de Inmigración",
reclamó la dirigente quien agregó que "la justicia debería buscar
más oportunidades de legalización en lugar de crear obstáculos".

Según los activistas, el fallo del juez además desconoce el
tiempo de los solicitantes dentro de un proceso legal acreditado por
las mismas autoridades de inmigración y les niega el derecho de
agregar esos años a un proceso independiente.

Para el abogado Luis Carrillo, experto en inmigración, la
decisión es una muestra más de la falta de sensibilidad y sentido
común hacia el fenómeno de la inmigración en el país.

Según Carrillo, la decisión del juez en este caso castiga a un
inocente, que ha crecido mientras se desarrolla su proceso legal y
le hace perder todos los años que había ganado mientras esperaba por
su legalización.

"El juez debería asegurar que a las personas se les otorgue
justicia y en esta situación dar la oportunidad al hijo de legalizar
su estatus migratorio bajo una petición familiar que en muchas
instancias los padres la sometieron cuando los hijos eran menores de
edad", argumentó Salas.

"No es justo que se haga la solicitud por un niño que tiene 11 o
12 años y mientras está esperando por el proceso cumpla los 21 sin
que se haya resuelto su caso", agregó.

Para los defensores de los inmigrantes, la decisión del juez
perjudica además la unidad familiar.

"Esta medida no beneficia de ninguna manera a nuestra comunidad
ni ayuda al proceso de unidad familiar. Al contrario es otra área
otro aspecto donde se mueve a destruir la unidad familiar", anotó
Rodríguez.

Shusterman anunció que apelará la decisión del juez Selna.