El Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME) llevó el lunes a la Cámara de Diputados su lucha para revertir la
liquidación de la eléctrica pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC),
decretada el sábado por el Gobierno, y busca el apoyo de los
legisladores para promover un recurso de inconstitucionalidad.

"Queremos que se declare la controversia inconstitucional y
queremos explicarnos, por lo que hablaremos con todos los partidos
porque es un asunto de seguridad nacional", afirmó hoy en rueda de
prensa en la Cámara Baja Martín Esparza, el líder del SME, tras
reunirse con diputados del izquierdista Partido de la Revolución
Democrática (PRD) que le expresaron su apoyo.

Las instalaciones de LyFC, que abastece de electricidad a unas 25
millones de personas en la capital mexicana, 82 municipios del
vecino Estado de México, 45 de Hidalgo, dos de Morelos y tres de
Puebla se encuentran tomadas por agentes de la Policía Federal desde
que el ejecutivo decretó su extinción por problemas financieros.

La compañía, considerada una de las más ineficientes del Estado,
está siendo operada ahora por 3.500 empleados de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), la mayor eléctrica pública del país, cuyo
máximo responsable, Arturo Elías Ayub, aseguró que funciona
"normalmente".

Gabriel Reyes, abogado consultor del sindicato, argumentó que a
través de la intervención del Estado "se están invadiendo las
acciones del Congreso, hay una invasión de las competencias por
parte del Gobierno, por lo que hay una inconstitucionalidad".

De momento ya están de acuerdo con el SME algunos diputados del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido del Trabajo
(PT), que se reunieron hoy con el líder sindical en el Congreso.

De acuerdo con las leyes mexicanas, en el país pueden presentar
"controversias constitucionales" el fiscal, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH, Defensoría) y el Ejecutivo.

También pueden presentarlas el Senado, la Cámara de Diputados y
los congresos locales de los 32 estados del país, aunque en cada
caso con el apoyo mínimo del 33% de los legisladores.

Para el diputado del PRD José Narro, las medidas tomadas por el
Gobierno "carecen de legalidad y constitucionalidad" y con ellas se
están "violentando los derechos de los trabajadores y la Ley al
destruir una empresa que se constituyó por ley".

Sin embargo, el secretario de Gobernación (Interior), Fernando
Gómez Mont, afirmó hoy en rueda de prensa que la Ley Federal de
entidades paraestatales "prevé como causa de extinción de los
organismos descentralizados, que su funcionamiento no resulte
conveniente para la economía nacional o el interés público".

Según el ministro, el sindicato de la empresa "interfería de una
manera muy importante en la administración" de LyFC, por lo que la
capacidad de modernización de la paraestatal se veía dificultada.

Otras fuerzas políticas han expresado su apoyo al Gobierno, como
el oficialista Partido Acción Nacional (PAN).

Asimismo, el Partido Verde (PVEM) respaldó en un comunicado hoy
la extinción del organismo público y señaló que "la circunstancia
financiera y operativa" de la compañía la hacían "inviable para
seguir prestando el servicio público de energía eléctrica".

De igual modo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que
agrupa a las más importantes organizaciones empresariales de México
secundó al Gobierno y dijo que los costos "exorbitantes, las
constantes pérdidas y los pasivos laborales en permanente aumento"
de LyFC hacían "inconveniente" su permanencia.

En tanto, el grupo parlamentario del PRI, mayoría en la Cámara
Baja, criticó al Gobierno y señaló que la decisión "se inscribe en
una política de desmantelamiento de las instituciones del Estado,
donde se pierden funciones económicas y sociales de trascendencia
para el desarrollo nacional".

El Gobierno ofreció a los 44.000 trabajadores que resultarán
despedidos el pago, a partir del próximo miércoles, de una
indemnización de hasta 20.000 millones de pesos (unos 1.538 millones
de dólares), y aquellos que se acojan de forma inmediata al plan
podrán gozar de 33 meses de sueldo en promedio.

Del total de funcionarios de LyFC alrededor de 10.000 serán
empleados de nuevo en la compañía pública.

Al respecto, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, sostuvo
hoy que "las puertas al diálogo estarán siempre abiertas", aunque
aseguró que el Gobierno no dará "ni un paso atrás" en la liquidación
de LyFC.