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Parlamento de Guatemala depura lista magistrados

Dejó fuera de la lista a tres de los seis candidatos tachados por su falta de honorabilidad.

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El Parlamento de Guatemala atendió el jueves
parcialmente el clamor de la sociedad civil y la comunidad
internacional al dejar fuera de la lista de nuevos magistrados del
Poder Judicial a tres de los seis candidatos tachados por su falta
de idoneidad y honorabilidad.

Los legisladores se vieron forzados a dar marcha atrás en la
elección inicial de magistrados de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), realizada la semana pasada, luego de que la Corte de
Constitucionalidad (CC) ordenara revisar el procedimiento para que
los letrados elegidos cumplieran con el principio de honorabilidad.

Tras varias horas de discusiones y negociaciones políticas, los
congresistas rectificaron esta madrugada la elección dejando fuera a
las abogadas Elda Nájera y Jackeline España, y aceptando la renuncia
de Manuel Pocasangre, quien había dimitido horas antes.

En sustitución de estos magistrados eligieron a los abogados Luis
Arturo Archila Lerayees, Luis Alberto Pineda Roca y José Arturo
Sierra González.

Sin embargo, el cumplimiento del fallo del máximo tribunal fue
parcial, ya que mantuvieron en la lista de nuevos magistrados a
Thelma Aldana, Dimas Bonilla y Mynor Franco, quienes también fueron
señalados de "faltos de idoneidad y honestidad" para integrar el
Poder Judicial.

Medio centenar de organizaciones sociales del país y la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron
al Parlamento pruebas documentales que vinculan supuestamente a seis
magistrados con un "grupo paralelo" que busca tomar el control de
las cortes del país.

Según la Cicig, este grupo está dirigido por el abogado y
empresario Roberto López Villatoro, quien "desde hace varios años
está cooptando magistrados (...) con el propósito de controlar las
cortes".

"El mandato de la CC fue cumplido parcialmente, porque no se
cumplió con la disposición de revisar todos los casos (de los
magistrados vetados), y los bloques mayoritarios se impusieron",
dijo a periodistas la diputada Nineth Montenegro, del partido
Encuentro por Guatemala.

Según esta legisladora, una de las más insistentes en que se
realizara una nueva elección del total de magistrados, "cualquiera
puede impugnar de nuevo" el procedimiento del Parlamento por "no
haberse apegado a derecho".

Eso es precisamente lo que analizan hacer las organizaciones
sociales, que se sienten "burladas" por la forma en que actuaron los
diputados.

"Privaron los intereses político sobre los legales. Hubo una
evidente desobediencia al fallo de la CC, por lo que creemos
conveniente accionar" en contra del Congreso, dijo a periodistas la
presidenta de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, una de las 49
organizaciones que integran la plataforma Convocatoria Ciudadana.

Los directivos del Congreso no han expresaron su opinión al
respecto, pero anunciaron que las pruebas presentadas por la Cicig
en contra de los magistrados tachados fueron remitidas a la Fiscalía
para que se realicen las investigaciones correspondientes.

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, en cambio, consideró
que "tanto el Congreso como la CC hicieron el trabajo que les
correspondía", y defendió a los legisladores por haber privilegiado
sus intereses políticos en la elección de los magistrados.

"Sería injusto pedir a la institución eminentemente política (el
Parlamento) que tenga otro tipo de criterios que no sean los
políticos", dijo el mandatario a periodistas.

El gobernante agregó que a su criterio "se debieron de haber
cambiado a todos" los magistrados elegidos inicialmente, pero en
vista de lo ocurrido "lo que hay que hacer ahora es fortalecer a la
(nueva) Corte, apoyarla y seguir trabajando".

"Deberíamos todos apoyar a la Corte y darle el beneficio de la
duda. Esta Corte tendrá una fiscalización muy cercana, y eso le
ayudará a hacer un buen trabajo", precisó Colom.

Los nuevos magistrados de la CSJ tomarán posesión de su cargos el
próximo 13 de octubre, día en que por disposición constitucional
deberán ser renovadas las cortes del país.

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