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Guía para que Guatemala salga de encrucijada

Crisis por la elección de los nuevos magistrados del Poder Judicial.

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El Parlamento de Guatemala pidió el miércoles a
la Corte de Constitucional (CC) una guía para salir de la
encrucijada en la que se encuentra tras la crisis generada por la
elección de los nuevos magistrados del Poder Judicial.

Los legisladores pidieron al máximo tribunal que les indique cómo
proceder para cumplir el fallo emitido por el CC el pasado viernes,
que deja en suspenso la elección de los trece nuevos magistrados de
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por los señalamientos de "falta
de idoneidad y honorabilidad" en contra de seis de ellos.

El presidente de la CC, Francisco Flores, dijo este miércoles a
periodistas que "hoy mismo" estudiarán la consulta hecha por el
Congreso, para "resolver lo mas pronto posible" esta cuestión.

Los magistrados Thelma Aldana, Manuel Pocasangre, Dimas Bonilla,
Elda Nájera, Jackeline España y Mynor Franco fueron señalados por
medio centenar de organizaciones sociales y la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El jurista español, Carlos Castresana, jefe de la Cicig, presentó
ayer a los líderes de los bloques del Legislativo, pruebas que
vinculan a estos magistrados con un "grupo paralelo" que buscaría
controlar las cortes del país con fines oscuros.

La evidencias presentadas por la Cicig y otras 48 organizaciones
sociales del país, fueron conocidas ayer por el pleno del Congreso,
que, después de una acalorada discusión que se prolongó hasta hoy,
acordó pedir a la CC que les precise el camino a seguir para
solucionar esta crisis.

Los magistrados "tachados", según lo denunció ayer Castresana al
Parlamento, integrarían un grupo dirigido por el abogado y
empresario Roberto López Villatoro, a quien la Cicig tiene bajo
investigación, y que "desde hace varios años está cooptando
magistrados (...) con el propósito de controlar las cortes".

López Villatoro negó hoy los señalamientos de la Cicig y se
declaró "chivo expiatorio" de esa instancia internacional auspiciada
por las Naciones Unidas.

"Rechazo enfáticamente lo manifestado por Castresana. Eso no es
producto de una investigación sino de informaciones y rumores",
indicó el abogado.

López confirmó que forma parte de una agrupación gremial
denominada "Justicia para el Cambio" que aglutina a más de 10.000
abogados, pero negó de forma tajante que haya tenido una
participación en la elección de los magistrados.

Por su parte, el presidente guatemalteco, Álvaro Colom, se
abstuvo hoy de opinar sobre los señalamientos hechos por la Cicig
así como de la posición de su partido (la UNE) de defender la
elección de los magistrados "tachados".

Colom se limitó a indicar que la Cicig "está haciendo su
trabajo", y que el Congreso debe elegir a los magistrados de acuerdo
a lo ordenado por la CC.

El gobernante reconoció que López Villatoro "siempre ha estado
involucrado en los procesos de elección" de magistrados, pero
aseguró desconocer "las dimensiones" de las acusaciones en su
contra.

El Parlamento tiene como plazo para resolver este dilema hasta el
próximo 13 de octubre, fecha en la que por disposición
constitucional deberán ser renovados los magistrados de la CSJ.

Partidos de oposición con representación minoritaria en el
Congreso se inclinan por realizar una nueva elección en la que
queden fuera los magistrados "tachados".

El diputado Rubén Mejía, de la Bancada Guatemala, dijo hoy a
periodistas que el Parlamento no debe asumir una actitud
intransigente porque se ha presentado suficiente evidencia en contra
estos magistrados.

"Esas pruebas son razones suficientes para que el Congreso
reconsidere y haga los cambios, porque aquí está en juego el sistema
de justicia para los próximos cinco años", señaló.

Pero otros legisladores, como Pablo Duarte, del derechista
Partido Unionista, señaló que "les guste o no, los magistrados ya
fueron electos" y que si Castresana tiene pruebas contra los seis
magistrados, que los lleve a los tribunales.

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