La reforma del sistema de detención de
los inmigrantes es un buen paso para reparar la imagen de EEUU,
donde víctimas de tortura o solicitantes de asilo jamás deberían
temer por sus vidas en las cárceles del país.

La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, y el
director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton,
anunciaron en rueda de prensa una serie de medidas para mejorar la
supervisión de las cárceles y la atención que reciben los detenidos.

Las reformas se centran en la gestión de la población carcelaria;
la búsqueda de sitios alternativos a las prisiones; el traslado de
detenidos según el riesgo que representen; una mejor gestión en el
manejo de solicitantes de asilo, y mejoras en el cuidado médico de
los detenidos.

Estas medidas emanan de un informe de aproximadamente 35 páginas
que entregó Dora Schriro, encargada de la política de detención y
deportación de inmigrantes, antes de renunciar y marcharse a Nueva
York como comisionada de las cárceles de esa ciudad.

Para comienzos de septiembre pasado, ICE tenía bajo su custodia a
unos 31.075 inmigrantes sujetos a deportación distribuidos en más de
300 instalaciones, entre cárceles locales, estatales y federales.

En 2008, el costo de mantener encarcelados a los inmigrantes
indocumentados fue de alrededor de 2.000 millones de dólares.

Pero el mantenimiento de los detenidos no sólo es una operación
costosa -de alrededor de 100 dólares a diario por detenido, según
algunos cálculos- sino que a veces, según sus críticos, resulta
innecesaria, como es el caso de aquellos cuyo único crimen es
solicitar asilo en EEUU.

Así, entre las medidas se sopesa el uso de "hoteles convertidos"
e "instalaciones residenciales" para alojar a los detenidos no
peligrosos, y el uso de brazaletes electrónicos para rastrearlos.

Estas reformas fueron anunciadas meses después de que grupos
cívicos y humanitarios denunciaron el maltrato de los inmigrantes
bajo custodia de ICE.

Algunos, incluso, perdieron la vida por una atención médica
precaria o inexistente, algo que jamás debió ocurrir en un país que
se precia de respetar los derechos humanos y civiles de la
población.

Pero ése no fue el único problema de relaciones públicas del DHS.

También estaba en la mira de grupos pro-inmigrantes la política
de mezclar en una misma cárcel a prisioneros peligrosos con
inmigrantes que cometieron infracciones menores.

Además, algunos inmigrantes fueron trasladados a sitios lejos de
sus familias y sin acceso a defensores públicos.

Según recordó en un informe en marzo pasado Amnistía
Internacional, miles de extranjeros detenidos, entre ellos víctimas
de tortura o de contrabandistas y hasta solicitantes de asilo
político sufren en estos centros de detenciones sin poder pagar una
fianza y sin acceso al debido proceso legal para argumentar sus
casos.

Según Human Rights Watch, más de 100 detenidos fallecieron bajo
custodia de ICE desde 2003 y entre 1999 y 2008, ICE transfirió a 1,4
millones de detenidos pero esos traslados han interferido con el
derecho de esas personas a defenderse, a presentar testigos y
pruebas y a no ser sometidas a una detención arbitraria y
prolongada.

De hecho, aún están pendientes en los tribunales varias demandas
entabladas contra el DHS, incluyendo una demanda colectiva en el
estado de California.

Ahora, el DHS promete que todo esto cambiará.

La transformación del sistema de detención de inmigrantes no será
tarea fácil, según reconocieron Napolitano y Morton, pero es un paso
vital para corregir los problemas que ahora aquejan al complicado
sistema de cárceles privadas y públicas bajo contrato del DHS.

El DHS dejó en claro hoy que continuará deteniendo a inmigrantes
sujetos a la deportación. Si esa es o no la estrategia más acertada
es tema para otro tipo de análisis, pero lo que no es negociable es
que los inmigrantes merecen un trato digno y humano.

Estados Unidos es signatario de diversos convenios
internacionales que rigen el trato de detenidos y eso debe informar
las prácticas de detención de inmigrantes en el futuro.