El presidente de facto de Honduras,
Roberto Micheletti, abrió el lunes la puerta, a petición del Parlamento,
a la derogación de un decreto que desde este fin de semana mantiene
suspendidas varias garantías constitucionales y que amparó la
clausura de dos medios de comunicación.

"Voy a consultar con la Corte Suprema de Justicia, con el
Tribunal Supremo Electoral, incluso, si hay posibilidad de hablar
con los candidatos presidenciales (...) y así tomar la decisión más
conveniente a los intereses de nuestra patria que (...) será derogar
ese decreto en el momento más oportuno", dijo Micheletti.

"En el término de esta semana estaremos dándole solución a esto",
agregó Micheletti, tras reunirse con el presidente del Parlamento,
José Alfredo Saavedra, y otros diputados que le pidieron derogar el
decreto.

El presidente de facto aseguró que aceptaba la propuesta del
Parlamento para favorecer el diálogo sobre la crisis política que
vive el país.

El Gobierno de facto publicó el sábado un decreto por el cual
suspende durante 45 días las libertades de circulación y expresión,
y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas.

Según Micheletti, el decreto se emitió por la llamada a la
"insurrección" del depuesto presidente, Manuel Zelaya, quien está
desde hace una semana en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.

Micheletti recordó que el decreto se deberá derogar en un Consejo
de Ministros, de la misma forma en la que fue aprobado.

Saavedra indicó que los diputados hicieron "una solicitud
respetuosa (...) en el sentido de analizar la posibilidad de dejar
sin valor y efecto el decreto ejecutivo al que se ha hecho mención
desde el día de ayer y de hoy".

Amparado por el decreto, publicado en la gaceta oficial el sábado
y difundido el domingo, el Gobierno de Micheletti clausuró hoy dos
medios de comunicación, Radio Globo y Canal 36, e impidió marchar a
los seguidores de Zelaya en Tegucigalpa y otros puntos del país, en
la jornada en que se cumplen tres meses del golpe de Estado.

El decreto fue rechazado también por líderes políticos de
oposición y seguidores de Zelaya.

"No apoyaríamos nada, ni respaldaríamos nada que restrinja la
libertad de expresión ni que restrinja tampoco las garantías
individuales", expresó a periodistas el candidato presidencial del
Partido Nacional, Porfirio Lobo, antes de que el titular del
Congreso solicitara la derogación del decreto a Micheletti.

Lobo subrayó que "en principio" está "totalmente en contra de
atentar contra la libertad de expresión y contra las garantías
individuales" de los hondureños, y también criticó el cierre de
Radio Globo y Canal 36.

El candidato del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata,
Bernard Martínez, indicó a Efe que la restricción de "algunas
garantías era necesaria por la situación de violencia que está
viviendo el país".

No obstante, añadió que a los dos medios clausurados "al menos se
les debió notificar, alertar a sus propietarios, lo malo es que haya
sido en forma violenta".

El Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado que
exige la restitución de Zelaya repudió y condenó el cierre de los
dos medios de comunicación, que transmitían en directo las
actividades del derrocado presidente desde la Embajada de Brasil.

Zelaya, depuesto el 28 de junio pasado, llegó por sorpresa el
pasado lunes a la sede diplomática brasileña, que sigue rodeada por
centenares de policías y militares.

Juan Barahona, uno de los coordinadores de la resistencia
popular, dijo a Efe que con el decreto que restringe las garantías
ciudadanas, "Micheletti pretende quedarse en el poder".

Tras rechazar ayer la llegada de una avanzada del organismo
hemisférico, el Gobierno de facto invitó hoy a una comisión de
cancilleres de la región y a los funcionarios de la Organización de
Estados Americanos (OEA) "que deseen acompañarlos" a visitar el país
el próximo 7 de octubre.

Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA no alcanzó hoy un
acuerdo de declaración sobre la situación en Honduras por un
artículo sobre la legitimidad del gobierno que surja de las
elecciones de noviembre, si se producen sin que el depuesto
presidente Manuel Zelaya sea restituido.