Los sindicatos puertorriqueños
convocaron una huelga general para el próximo 15 de octubre en
respuesta al despedido de 17.000 empleados estatales, iniciativa con
la que el Gobierno pretende reducir parte del déficit público.

El líder de la Unión General de Trabajadores, Juan Eliza, explicó
hoy a Efe que su sindicato, el más representativo -23.500 afiliados-
entre los empleados públicos de la isla, prepara ya la que como dijo
puede ser "actividad más masiva de la historia del país".

"El gobernador -Luis Fortuño- vino a entregarle el empleo público
a la empresa privada", dijo el líder sindical, que aclaró que los
180.000 funcionarios puertorriqueños no son un número exagerado,
como ha venido apuntando en las últimas fechas el Ejecutivo para
llevar a cabo los despidos anunciados el pasado viernes.

"En comparación con otros estados norteamericanos de similar
tamaño, el número de empleados públicos es parecido", sostuvo Eliza,
que resaltó que la convocatoria es firme y que no cree que Fortuño
dé marcha atrás en su decisión.

Eliza adelantó además que los 17.000 despidos son sólo una
primera parte de un plan más ambicioso trazado por el Ejecutivo, que
según sus cálculos dejará en la calle a cerca de 30.000 empleados
públicos finalmente.

El sindicalista recordó en ese sentido que el Ejecutivo ya
adelantó que eliminará 40 agencias estatales, lo que, lógicamente,
se va a traducir en muchos más despidos.

Eliza subrayó que la medida de despedir a 17.000 empleados
públicos no solucionará el déficit estatal, calculado cuando el
Gobierno de Fortuño llegó al poder en 3.200 millones de dólares,
sino que por contra acelerará la deuda financiera del Estado.

"Habrá menos ingresos para el propio Estado y menos dinero en
circulación", alertó, tras resaltar que el despido masivo llega en
el marco de una economía en crisis por cuarto año consecutivo en la
isla.

Por su parte, Fortuño dijo hoy que los despidos eran la única
alternativa para evitar el cierre del Gobierno -por falta de fondos
para seguir operativo-, como ya aconteció en mayo de 2006 con la
Administración de Aníbal Acevedo Vilá.

"El cierre del Gobierno se hubiera producido antes de las
próximas Navidades", dijo Fortuño, que insistió en que la medida era
la única posible para reducir un déficit estimado todavía, tras los
despidos, en más de 800 millones de dólares.

Fortuño, que confesó tener problemas para conciliar el sueño tras
respaldar la medida, dijo que los despidos han creado oposición
incluso dentro de su propia formación, el Partido Nuevo Progresista
(PNP).

El gobernador señaló que el anunció del pasado viernes pone fin a
los despidos incluidos en la segunda fase de la Ley Especial Sobre
Emergencia Fiscal, aunque no fue claro sobre si podrán llegar nuevos
recortes de personal al amparo de otros planes.

El presidente de la Junta de Reestructuración y Estabilización
Fiscal (JREF), Carlos García, anunció el pasado viernes el despido
de 16.970 empleados públicos, lo que como él mismo aclaró elevará la
tasa de desempleo en Puerto Rico al 17 por ciento.

El Departamento de Educación será el más afectado por la medida
con 7.249 despidos, seguido por Transportes y Obras Públicas con
1.522 y Administración de Desarrollo Económico con 681.

La convocatoria de huelga para el próximo 15 de octubre está
respaldada por la Unión General de Trabajadores, la Federación de
Trabajadores y la Coalición Todo Puerto Rico, la práctica totalidad
del espectro sindical del país.

La primera ronda de despidos comenzó a finales del pasado mayo
cuando García anunció que un total de 10.400 empleados del públicos
no continuarían bajo la nómina del Gobierno.