El secretario de Justicia de EE.UU.,
Eric Holder, dijo el miércoles que el próximo 1 de octubre pondrá en marcha
una nueva política sobre el manejo de secretos de Estado, como parte
de un esfuerzo por promover la rendición de cuentas y la confianza
pública en el Gobierno.

"Esta política es un paso importante hacia el restablecimiento de
la confianza pública en el uso de este privilegio a la vez que
reconocemos la imperiosa necesidad de proteger la seguridad
nacional", dijo Holder en un comunicado.

El cambio en la política antes utilizada bajo el mandato de
George W. Bush podría limitar los argumentos del Gobierno sobre la
preservación de información considerada "privilegiada", de manera
que éstos se utilicen "cuando sea necesario y de la forma más
estricta posible", explicó Holder.

Así, el Departamento de Justicia dijo que no se escudará detrás
del argumento de información privilegiada para "ocultar acciones
irregulares del Gobierno o para evitar que las agencias o
funcionarios del Gobierno pasen vergüenza".

Los argumentos de secreto de Estado se utilizarán solamente
cuando esté en juego la defensa nacional o las relaciones exteriores
del país, enfatizó la agencia federal.

La nueva política, que es fruto de una revisión encargada por
Holder a comienzos de este año, no afectará los casos pendientes
ante los tribunales, incluyendo aquellos en los que la
Administración Obama ha decidido continuar con la política del
Gobierno anterior.

Bajo el Gobierno de Bush, las autoridades se escudaban detrás del
argumento de "secreto de Estado" para frenar, por ejemplo, la
divulgación de ciertos datos relacionados con la tortura o con un
programa de espionaje. A su juicio, la divulgación de esos datos
pondría en peligro la seguridad nacional.

El Gobierno de Bush recurrió a esos argumentos, por ejemplo, en
algunas demandas relacionadas con las escuchas telefónicas y demás
formas de vigilancia interna realizadas tras los atentados de 2001.

Algunos líderes del Congreso y grupos cívicos como la Unión de
Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) han criticado el uso de los
secretos de Estado como argumento para frenar acciones judiciales.

El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, dijo
hoy que seguirá de cerca la aplicación de la nueva política "para
asegurar que aporta el mayor nivel de rendición de cuentas y
confiabilidad que ha prometido el fiscal general".

Sin embargo, ACLU indicó en un comunicado que la nueva política
anunciada hoy no quita la necesidad de una "verdadera reforma".

ACLU instó al Congreso a que apruebe una ley para restringir aun
más el manejo de los secretos de Estado, porque considera que las
acciones del Ejecutivo deben ser supervisadas por el Congreso.

Ben Wizner, abogado de ACLU, dijo que "sobre el papel, este es un
paso hacia adelante pero en los tribunales, sin embargo, la
Administración Obama continúa defendiendo la visión del Gobierno
Bush y exigiendo que los tribunales federales rechacen demandas de
víctimas de tortura y vigilancia ilegal".

"Una verdadera reforma del privilegio de los secretos de Estado
debe reafirmar la autoridad de los tribunales de rechazar los falsos
argumentos de 'seguridad nacional'" que utilice el Gobierno, agregó.