El Departamento de Familia de Puerto
Rico promueve cambios en el Código Penal para frenar la ola de
violencia contra menores que sufre el país, explicó el viernes Yanitsia Irizarry, titular de la agencia.

Irizarry señaló que ya contactó con el Ejecutivo que encabeza
Luis Fortuño para cambiar una ley que a su juicio no castiga lo
suficiente a quienes cometen delitos contra menores en Puerto Rico,
país que registra un promedio de 200 niños maltratados -casos
corroborados por Familia- por mes.

La secretaria de Familia mostró además su indignación por la
muerte de una niña de tres años en Loíza, localidad cercana a San
Juan, donde la noche del pasado miércoles falleció de un disparo en
la nuca cuando fue tiroteado el coche que dirigía su padre, un
presunto delincuente relacionado con el narcotráfico.

La muerte de la niña se suma a las recientes violaciones de otras
dos menores -ambas de once años-, hecho que ha conmocionado al país,
que ve ahora como la lacra de la violencia se comienza a cebar entre
los más indefensos de la sociedad.

Irizarry destacó que el maltrato a menores es un problema social
con muchos componentes contra el que hay que luchar, una lacra que
apuntó se ha cobrado ya en lo que va de año la vida de dos pequeños,
según datos del Departamento de Familia.

"En Puerto Rico existe tanto un maltrato por acción como por
omisión", dijo, tras resaltar que muchos ciudadanos de la isla han
perdido su capacidad de indignarse ante el azote de la violencia
contra niños.

Irizarry dijo que la raíz del problema está en el deterioro de
valores que tiene lugar en el seno de la sociedad puertorriqueña, a
lo que hay que sumar la grave crisis económica que se cierne sobre
la isla caribeña y que es fuente de desequilibrios en el seno de
muchas familias.

Sostuvo que los vacíos legales son otros de los motivos del
alarmante aumento de maltratos contra menores, por lo que incidió en
la necesidad de promover cambios en la ley puertorriqueña.

Irizarry aclaró que las posibles modificaciones en el Código
Penal tendrían como fin incluir agravantes a los delitos cometidos
contra menores de edad.

Las modificaciones también deberían, según sostuvo, alcanzar a la
Ley 177 de 2003 de Protección de Menores.

La titular de la agencia indicó que el objetivo final de la
iniciativa es que no haya "después espacio para que los jueces
reduzcan las penas" cuando se produzcan delitos contra menores.

Recordó recientes condenas a maltratadores de menores que se
saldaron, por ejemplo, con tres años por violación, o el caso de una
madre que abandonó a su hija recién nacida en una bolsa de basura y
a la que el juez castigó con tres años de pena, de los que no llegó
a cumplir ni un día.

Por su parte, Yadira Pizarro, directora de ESCAPE -institución
privada dedicada a prevenir el maltrato a menores y la violencia
familiar-, señaló a Efe que según datos de su organización pueden
haber muerto en lo que va de año cinco menores en Puerto Rico por
maltrato.

Pizarro explicó que los niños maltratados cada año en la isla
alcanzan las decenas de miles y que existen muchos casos que ni
siquiera son registrados en las estadísticas oficiales.

Resaltó que la crisis económica por la que atraviesa la isla
contribuye a aumentar el problema, por lo que advirtió de las
consecuencias que podrían derivarse de los miles de despidos
anunciados por el Gobierno para los próximos meses.

Pizarro dijo además que han ofrecido su asesoramiento al
Gobierno, que, sin embargo, rechazó la colaboración de ESCAPE.