El horizonte político para el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien se retirara como selección del presidente Obama para ser secretario de Comercio en enero por un problema ético pendiente referente a un contrato estatal, se ha mejorado considerablemente.

El Departamento de Justicia  de EE.UU. anunció en agosto que no enjuiciaría ni al único gobernador hispano ni a ninguno de sus asesores.

En diciembre del año pasado Richardson aceptó el nombramiento de Obama, pero se retiró de consideración un mes más tarde cuando se vio claramente que una indagación legal en cuanto a los procedimientos de contratación del estado no se resolvería con prontitud.

Ahora se está comentando que esta exoneración podría volver a colocar a Richardson camino a un nombramiento de alto nivel del presidente.

El gobernador, cuyo segundo término se acaba en diciembre del 2010, se cree está aún interesado en servir dentro del gobierno Obama. Se ganó puntos importantes a fines de la primaria presidencial demócrata del 2008 cuando respaldó al senador de Illinois y no a Hillary Clinton.

El ex embajador ante la ONU y frecuente mediador diplomático estaba en agosto en Cuba en una misión comercial cuando se enteró de su exoneración.

El nombre del gobernador se está mencionando ahora en informes nacionales como posible representante diplomático especial al país comunista, que por mucho tiempo ha sido condenado al ostracismo por el gobierno estadounidense.

El 28 de agosto, fiscal de la nación Greg Fouratt envió a los abogados de defensa del caso una carta informándoles que EE.UU “no buscará enjuiciar a sus clientes” por el tema del contrato otorgado por la Autoridad Financiera de Nuevo México a la empresa de California, CDR Financial Products. No obstante, el fiscal no le otorgó a la administración un pase de conducta ética sin tachas.

En una carta que obtuviera el mayor periódico de Nuevo México, el Albuquerque Journal, Fouratt escribió que su indagación reveló que CDR y sus funcionarios hicieron importantes contribuciones a organizaciones políticas en las que participaba Richardson mientras que la empresa perseguía contratos con el estado y que “la presión desde el despacho del gobernador resultó en la corrupción del proceso de adquisiciones para que a CDR se le otorgara el contrato para dicha función”.

La indagación examinó si más de $100.000 en contribuciones políticas que hicieran CDR y sus principales tuviera influencia o no sobre la selección de la empresa para servir de consejero a la Autoridad Financiera de Nuevo México en cuanto al programa de bonos GRIP.

Se centró en Richardson y en su ex director de personal, Dave Contarino, y el vicepresidente ejecutivo de la Universidad de Nuevo México, David Harris, quien encabezara la Autoridad Financiera en el 2004, cuando se inició el programa de bonos.

La carta señaló que la notificación “no impedirá que EE.UU ni el gran jurado vuelva a instituir tal indagación sin notificación si … así determinan las circunstancias”.

Fouratt no le hizo comentario alguno al Albuquerque Journal.