Líderes religiosos y activistas
pro-inmigrantes acusaron el miércoles a la Casa Blanca y a algunos demócratas
de "capitular" ante los detractores de la reforma de salud, y
advirtieron del alto costo político que tendrían las restricciones
al cuidado médico para los inmigrantes.

Durante una conferencia telefónica pidieron que la Casa Blanca y
los demócratas combatan las "falsedades" que propagan algunos
conservadores, como el republicano Joe Wilson, para torpedear la
reforma de salud y estrechar el cerco a los indocumentados.

"El Congreso está perdiendo su barómetro moral. El diálogo actual
está destruyendo la salud de EEUU", dijo el reverendo Luis Cortés,
presidente del grupo Esperanza, al referirse a las restricciones que
se barajan en la reforma.

En los comicios de 2010, habría que castigar en las urnas "a
aquellos individuos que niegan los derechos para los inmigrantes
legales y que castigan a los más pobres", agregó Cortés, al advertir
del peligro de la "satanización de los inmigrantes".

El legislador demócrata Luis Gutiérrez acusó a la Casa Blanca de
permitir que gente como Wilson domine el debate actual con su
retórica anti-inmigrante y eso, advirtió, "afecta a la gente que
dices que quieres ayudar".

El presidente de EEUU, Barack Obama, ha mantenido que la
inmigración ilegal es tema para otro debate y que su prioridad ahora
es lograr la cobertura médica universal.

Se prevé que Obama aborde el tema durante su discurso esta noche
ante el Instituto del Grupo Legislativo Hispano del Congreso (CHCI).

En la actualidad, los residentes legales tienen que esperar cinco
años para acceder a los programas de asistencia del Gobierno, y el
sistema conocido en inglés como "SAVE" exige comprobar su estatus.

Las cinco propuestas ante el Congreso -incluyendo la que hoy
presentó formalmente el presidente del Comité de Finanzas del
Senado, Max Baucus- mantienen las restricciones a los residentes
legales, señaló Eric Rodríguez, vicepresidente del Consejo Nacional
de La Raza (NCLR).

Entre otros elementos, la propuesta de Baucus, de 223 páginas,
exige cotejar los datos de cada ciudadano contra una base de datos
del Seguro Social y los de cada inmigrante con la del Departamento
de Seguridad Nacional.

Los legisladores aún no han decidido quiénes podrían acceder a
partir de 2013 a subsidios federales en el llamado "intercambio de
seguro de salud" -administrado por el sector privado- para gente de
bajos ingresos.

Alrededor de 47 millones de personas carecen de seguro médico en
EEUU, y muchos de los cuatro millones de niños nacidos de
inmigrantes legales o indocumentados, tampoco tienen plan de salud.

Los conservadores alegan que las propuestas en ciernes no
contienen suficientes mecanismos para impedir que los indocumentados
reciban subsidios federales para su cobertura médica.

La Casa Blanca, y algunos demócratas en el Senado, han replicado
que cualquier plan de reforma que salga del Congreso este año tendrá
un proceso de verificación y excluirá a los indocumentados.

Además de las repercusiones que eso tendría para la salud
pública, los activistas aseguran que el 40 por ciento de los
indocumentados paga seguro médico de su propio bolsillo, ya sea a
través de sus empleadores o por cuenta propia.

Nadie pide que éstos accedan a subsidios federales sino que
puedan comprar seguro a través del llamado "intercambio".

Excluirlos "va en contra del bienestar público", sentenció Kevin
Appleby, de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU, quien acusó
a la Casa Blanca de "capitular ante las políticas divisionistas".

Se calcula que entre siete y ocho millones de indocumentados
carecen de seguro en EEUU, y muchos reciben atención médica en
clínicas comunitarias o en las salas de urgencia que, por ley
federal, no pueden negarles servicios.

Esa crisis, según Frank Sharry, de America's Voice, hace más
urgente que el Congreso apruebe su legalización, porque las
enfermedades contagiosas no respetan fronteras ni estatus
migratorio.

Sharry aconsejó que los demócratas "frenen la demagogia y las
distorsiones" de los republicanos.