Los ministros de Exteriores de la Unión
Europea (UE) han acordado el martes preparar nuevas "medidas restrictivas"
dirigidas a los miembros del Gobierno de facto de Honduras que
obstaculicen una salida negociada a la crisis política que atraviesa
el país.

"Hasta que no se logre un acuerdo pacífico, la UE estará
dispuesta a tomar nuevas medidas restrictivas que estén dirigidas a
aquellos miembros del Gobierno de facto que parecen estar bloqueando
los progresos para llegar a una solución negociada basada en el
Acuerdo de San José", indica la declaración aprobada hoy.

El Consejo de Relaciones Exteriores encomienda a sus organismos
pertinentes "comenzar el trabajo preparatorio necesario".

"La UE ha dejado claro una vez más que tiene tolerancia cero
hacia el golpismo", aseguró en una rueda de prensa el secretario de
Estado español para la UE, Diego López Garrido, quien precisó que
"no hay un calendario previsto de sanciones".

En su opinión, el documento es importante porque supone una
"posición común de la UE", y declaró que se trata del "éxito" de una
iniciativa española.

Los ministros aprobaron el texto sin debate durante el Consejo de
Relaciones Exteriores y Asuntos Generales que ha finalizado hoy en
Bruselas, un gesto que podría llevar a la UE a endurecer aún más las
acciones que ya ha emprendido hacia ese país centroamericano desde
que se produjo el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya el
pasado 28 de junio.

En su declaración, la UE vuelve a manifestar su total apoyo a los
esfuerzos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para lograr
una solución al conflicto, así como a las labores de mediación del
presidente de Costa Rica, Óscar Arias.

Al respecto, reafirma su apoyo al Acuerdo de San José propuesto
por Arias, que prevé la formación de un Gobierno de unidad
encabezado por Zelaya, el adelanto de elecciones, una amnistía para
los delitos políticos, la renuncia a reformar la Constitución y la
creación de una Comisión de la Verdad.

En especial, el Consejo subraya la importancia de esa comisión,
así como su "imparcialidad".

El Consejo expresa, asimismo, en el texto, su "profunda
preocupación" por las violaciones de los derechos humanos
denunciados en Honduras, que incluyen amenazas a defensores de los
derechos humanos, detenciones arbitrarias y represión de
manifestantes pacíficos.

Recuerda al Gobierno de facto sus "obligaciones" bajo el Convenio
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Carta de la OEA
y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por último, los ministros afirman que seguirán restringiendo los
contactos a nivel político con los representantes del Gobierno de
facto.

Ayer, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, declaró que "España, a partir de mañana (hoy, martes)
tomará las medidas de impedir la entrada en territorio nacional de
un número importante de personalidades" del actual régimen
hondureño.

López Garrido agregó hoy que España no adoptará medidas
unilaterales contra el Gobierno de Honduras, y que actuará "en
congruencia y armonía con la Unión Europea".

El secretario de Estado afirmó que cada país puede decidir por sí
mismo sobre la restricción de entrada a representantes del Gobierno
de Micheletti, aunque abogó por una "acción común" de la UE en ese
sentido.

En cuanto a las medidas que podrían estudiar los grupos de
trabajo del Consejo, indicó que, en reuniones anteriores, ya han
aludido a la posibilidad de restringir visados o cuentas corrientes
de miembros del Gobierno de facto.

A raíz del golpe de Estado, el bloque europeo ya decidió limitar
los contactos con el Ejecutivo de facto y congelar las ayudas al
presupuesto de Honduras, que ascienden a 65,5 millones de euros
(95,5 millones de dólares).

Por otra parte, acordó posponer las negociaciones para un acuerdo
de asociación con Centroamérica, con la esperanza de retomarlas lo
antes posible.

También se han paralizado algunas ayudas comunitarias al
desarrollo que gestiona directamente el Gobierno, como demuestra la
exclusión de Honduras de la firma de una ampliación de fondos para
llevar a cabo proyectos de energía solar en algunas de las
comunidades más pobres de varios países de Latinoamérica, en el
marco del programa "Euro-Solar".

El pasado 28 de junio, Roberto Micheletti fue nombrado presidente
de Honduras en sustitución del depuesto mandatario Manuel Zelaya,
después de que éste fuera expulsado del país por los militares y
destituido por el Parlamento.