El atentado de este miércoles en el que
grupos terroristas demostraron su capacidad letal al derribar un
helicóptero y matar a dos oficiales del Ejército y un soldado ha
desatado hoy una serie de críticas al Gobierno de Perú por su
tratamiento del problema terrorista.

El piloto y el copiloto de un helicóptero de la Fuerza Aérea
Peruana (FAP), así como un mecánico armero, murieron este miércoles
luego de que su aeronave fue derribada cuando se disponían a
socorrer a tres militares heridos en otro ataque registrado el
martes, según un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas.

Asimismo, otro oficial sufrió fractura de clavícula y cuatro
soldados más resultaron con contusiones diversas. El rescate de
estos heridos y los anteriores aún no ha concluido.

Este es el tercer atentado en solo tres días, y cierra de momento
una sangrienta serie que comenzó el pasado 1 de agosto, cuando tres
policías y dos civiles (emparentadas con los agentes) murieron en
otro ataque a una base antiterrorista.

El ministro de Defensa de Perú, Rafael Rey, quien informó ayer
del derribo del helicóptero y reportó sólo dos militares muertos, se
presentará esta tarde (tiempo local) ante el Congreso para informar
sobre el incidente.

El Gobierno suele calificar a los grupos que operan en el Valle
de los Ríos Apurimac y Ene (VRAE), en la confluencia de los
departamentos de Ayacucho y Junín, como "remanentes" de Sendero
Luminoso aliados al "narcoterrorismo", minimizando su gravedad.

Las críticas a la estrategia antiterrorista procedieron incluso
de voces del propio Ejecutivo. Así, el vicepresidente Luis
Giampietri, vicealmirante de la Marina en retiro, agregó que "lo que
se está viendo (en el VRAE) es un cúmulo de errores", en alusión al
presupuesto destinado a contrarrestar el terrorismo.

El congresista Edgar Núñez, presidente de la Comisión de Defensa,
no dudó en sugerir al Gobierno que solicite ayuda extranjera para
hacer frente al terrorismo, tanto en hombres y armamento como en
capacitación, en declaraciones que dio a la radio Cadena Peruana deNoticias (CPN).

El ex primer ministro Yehude Simon, quien encabezaba el Ejecutivo
hasta hace un mes y medio, achacó lo sucedido a una visión
"exclusivamente económica" porque, dijo, Perú no tiene "la economía
suficiente para poner en práctica un plan (antiterrorista)".

El pasado mayo, Simon, entonces primer ministro, dijo que su
Gobierno había invertido 126 millones de dólares en el VRAE en
equipamiento a las Fuerzas Armadas, de los que dos terceras partes
fueron a equipamiento militar y policial, y ahora sostiene que el
llamado "plan VRAE" ha sido abandonado.

También el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Jorge Montoya sostuvo que un decidido apoyo económico del Ejecutivo,
más la unificación de la estrategia antiterrorista (entre la policía
y el Ejército), permitiría terminar con el terrorismo en un plazo de
cinco años.

Montoya subrayó, no obstante, que esa estrategia será eficaz para
acabar con el terrorismo, no tanto con el narcotráfico, que sólo
resultará "minimizado".

Según cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Perú es
el segundo productor mundial de hoja de coca, después de Colombia,
con 56.100 hectáreas dedicadas al cultivo de esta planta, y algunos
analistas sostienen que puede convertirse en el primer productor en
2011.

En cuanto a Sendero Luminoso, reducido a dos centenares de
militantes que operan en el VRAE y en zonas de ceja de selva, nadie
pone en duda que se ha aliado con grupos narcotraficantes, pero hay
discrepancias sobre si se debe atribuir a la agrupación todos los
ataques contra la policía y las Fuerzas Armadas.

Fuentes militares citadas el pasado mayo por el diario La
República aseguraron que Sendero había duplicado su capacidad de
fuego con armamento sofisticado (con lanzacohetes RPG-7, fusiles
Galil y ametralladoras AK-47, entre otros), a veces robado a los
militares y otras obtenido por contrabando.