Una decena de jefes de policía de EEUU presionaron hoy al fiscal general, Eric Holder, para que impugne la ley que criminaliza a los indocumentados en Arizona, por considerar que ésta perjudica el combate al crimen y no resuelve el problema de la inmigración ilegal.

En su reunión de una hora con Holder, los jefes de policía, incluyendo de varias ciudades de Arizona y estados con alta concentración de inmigrantes, manifestaron su malestar por el impacto de la ley SB1070 si entra en vigor el próximo 29 de julio.

La ley, que criminaliza la presencia ilegal en Arizona y permite que la policía detenga a quienes sospecha que son indocumentados, ha suscitado críticas de que ésta invita a la discriminación racial.

El mensaje de los policías es que sólo el Gobierno federal puede hacer cumplir las leyes de inmigración y que la SB1070, promulgada el pasado 23 de abril, desvía recursos para combatir la criminalidad y perjudica la confianza que ha cultivado la policía en las comunidades.

Holder los escuchó pero, según indicaron, no precisó cuándo anunciará si el Gobierno impugnará o no la ley en los tribunales.

"Desafortunadamente, las preocupaciones (sobre la inmigración ilegal) se han dramatizado y politizado a tal grado que nos va a causar problemas para responder al problema", dijo Roberto Villaseñor, jefe de policía de Tucson (Arizona).

"Entendemos la frustración, pero nuestra preocupación es la seguridad pública de quienes viven en nuestras comunidades", enfatizó Villaseñor, tras considerar que los partidarios de la SB1070 mienten sobre el presunto aumento en los delitos.

Según un informe preliminar de 2009 de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que refleja los datos de 13.237 agencias policiales locales, la tasa de criminalidad ha bajado en EEUU.

Así, por tercer año consecutivo la tasa de crímenes violentos ha descendido en EEUU y la de crímenes contra la propiedad también bajó por séptimo año consecutivo.

Entre enero y diciembre de 2009, hubo un descenso del 5,5 por ciento en los crímenes violentos, y del 4,9 por ciento en crímenes contra la propiedad.

Leyes como la de Arizona "no son una solución para la seguridad pública, lo que hacen es incrementar el crimen, no disminuirlo, porque la gente no denuncia crímenes ni los testigos colaboran", dijo Charles Beck, jefe de policía de Los Angeles (California).

John Harris, jefe policial de Sahuarita (Arizona), dijo que la inmigración ilegal es "un problema muy serio" pero la SB1070 deja a la policía vulnerable a acusaciones de discriminación racial, por un lado, y "a demandas de quienes piensan que no estamos haciendo lo suficiente" contra los indocumentados.

En declaraciones a Efe, Frank Sharry, del grupo pro-reforma "America's Voice", criticó la lentitud del Departamento de Justicia en este asunto y la decisión del presidente Barack Obama de enviar 1.200 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México.

"La Administración sabe que la solución es una reforma migratoria integral. Enviar a la Guardia Nacional es una maniobra política que no promueve una solución... los republicanos están consiguiendo lo que quieren, más medidas policiales, cuando la Administración y la mayoría del Congreso sabe que eso, sin una reforma, no resolverá el problema", se quejó Sharry.

Mientras tanto, el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, dijo hoy a Efe que está "optimista" de que Holder "presentará la demanda en las próximas semanas".

"El asunto de la inmigración se ha politizado, pero sigo presionando para que la Casa Blanca presente esa demanda. Tiene que hacerlo, porque la gente está sufriendo y el impacto económico es serio: ya se han cancelado más convenciones y más ciudades se suman al boicot" contra Arizona, aseguró Gordon.

"Es un asunto enorme y creo que la demora se debe a que las autoridades quieren deliberar con mucho cuidado para asegurar que hacen lo correcto; equivocarse agravaría las cosas", observó Gordon.

Si Holder decide hacerlo, sería la primera vez que el Gobierno federal demanda a un gobierno estatal en varias décadas.

La gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, figura en tres de las cinco demandas entabladas contra el estado por varios grupos cívicos que alegan que la SB1070 es anticonstitucional.