El gobierno chileno admitió el martes
la necesidad de establecer algún tipo de control migratorio en la
Isla de Pascua, cuyos habitantes están descontentos por el explosivo
aumento de la población, pero se declaró contrario al cobro de un
impuesto especial a los visitantes.

Así lo dijo el subsecretario del Interior, Patricio Rosende,
quien viajó hoy a Rapa Nui (nombre indígena de la isla), para
dialogar con los isleños, que hace un par de semanas ocuparon el
aeropuerto para hacer escuchar sus demandas.

La población de la isla, de sólo 163,6 kilómetros cuadrados de
superficie, se ha multiplicado rápidamente en los últimos años y
supera las 4.000 personas, cantidad que para los isleños, que son
unos 2.000, es excesiva.

A ellos se suma una cantidad creciente de turistas (más de 50.000
al año), que a juicio de los lugareños causan daños patrimoniales y
culturales a la isla, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco.

Antes de emprender el viaje, Patricio Rosende aseguró a medios
locales que el Gobierno comparte las preocupaciones de los isleños y
dijo que es necesario establecer controles migratorios.

Precisó que si bien se debe buscar un mecanismo que solucione los
inconvenientes de la presencia masiva de extranjeros y chilenos
continentales, la solución no pasa por establecer un impuesto.

Esto último, dijo, "tiene que ver más con el Parque Nacional que
con el tema de la migración" y consideró, en ese contexto,
establecer medidas a corto plazo para ayudar "a una mejor
convivencia en la isla y a un mejor aprovechamiento de los
recursos".

A mediano plazo, dijo, se podrían "establecer controles en la
migración propiamente tal".

"Tenemos muchísimas opciones y propuestas, algunas surgidas en la
isla y otras que se han venido trabajando en el Gobierno, y estoy
seguro que a través del diálogo, y a través de la concordia y la
buena voluntad, vamos a llegar a un punto razonable de acuerdo
satisfactorio para todos", sentenció.

Subrayó además que la Isla de Pascua "es patrimonio de todos loschilenos, de toda la humanidad; los isleños son nuestros
compatriotas y por eso vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para
encontrar la manera de proteger ese patrimonio".

El 'Parlamento Rapa Nui', que organizó la ocupación del
aeropuerto, ha planteado, entre otros puntos, la clasificación en
varias categorías de quienes lleguen hasta la isla, la prohibición a
los chilenos continentales para quedarse más de tres meses y el
cobro a los visitantes de un impuesto similar al que deben pagar
quienes llegan a las Islas Galápagos, en Ecuador.