El informe de la CIDH sobre violaciones a los derechos humanos en Honduras tras el golpe de Estado en contra del presidente Manuel Zelaya no sorprendió al Gobierno de Roberto Micheletti, ni satisfizo a los seguidores del depuesto gobernante.

Para el canciller hondureño, Carlos López, "no hay grandes sorpresas" en el informe preliminar que presentó anoche la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que destaca entre otras violaciones, la muerte de cuatro personas, decenas de lesionados y detenidos, y atentados contra la libertad de prensa.

Por su parte, los seguidores de Zelaya, que desde el golpe exigen en las calles su restitución en el poder, no están satisfechos con el informe de la CIDH, dijo a Efe el dirigente de un sector de los maestros Sergio Rivera, uno de los líderes del movimiento de resistencia popular que exige la restitución del mandatario.

En opinión de Rivera, la CIDH dispuso de muy poco tiempo para realizar su trabajo y por eso "se quedaron miles de casos de violaciones a los derechos humanos sin documentar".

López se quejó de que la CIDH, al igual que la Organización de Estados Americanos (OEA), utiliza calificativos como "Gobierno de facto" y "golpe de Estado", al referirse a la Administración del presidente, Roberto Micheletti, quien fue nombrado por el Parlamento como sucesor del depuesto presidente Zelaya, el 28 de junio pasado.

El canciller consideró que la CIDH, que preside la venezolana Luz Patricia Mejía, "responde mucho a la orientación de la Secretaría General de la OEA, aunque digan que son independientes o autónomos".

El jefe de la diplomacia hondureña también cuestionó el informe en lo que respecta al "uso desproporcionado de la Fuerza Pública", que según la CIDH se dio durante las manifestaciones populares tras el golpe de Estado.

"Cierto es que el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública en manifestaciones que pierden el control no debe sorprendernos", enfatizó López.

Dijo que ha visto que "en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Montevideo, en Brasil, en Venezuela en Caracas, en México", que "la función de la fuerza pública es precisamente ejercer, cuando se pierde control de las manifestaciones, fuerza física para salvaguardar la vida, los bienes y los intereses de los gobernados".

Rivera, por su lado, se quejó de que el informe no documenta cuatro casos de personas desaparecidas entre Alauca y el punto fronterizo con Nicaragua de Las Manos, por donde Zelaya intentó sin éxito ingresar a Honduras el 26 de julio pasado.

Los seguidores de Zelaya, según dijo Rivera, analizarán hoy en una asamblea popular el informe de la CIDH, y en su momento darán una respuesta.

La misión de la CIDH conoció durante una semana más de 100 denuncias de seguidores y detractores de Zelaya, entre otros sectores.

Además, se reunieron con autoridades locales, civiles y militares; de organismos de derechos humanos, periodistas, dueños de medios de comunicación y representantes de grupos de la sociedad civil y de la comunidad internacional acreditada en Honduras.

La CIDH también conoció testimonios de personas en las ciudades de San Pedro Sula, Tocoa, Comayagua y El Paraíso (en el norte, Caribe, centro y oriente de Honduras, respectivamente), así como de prisioneros en la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa.

El informe de la CIDH fue presentado en vísperas de la llegada a Tegucigalpa, el próximo lunes, de una misión de cancilleres que, de no sufrir nuevos retrasos, intentará convencer al Gobierno de Micheletti de que acepte el Acuerdo de San José, solución al conflicto que auspicia el presidente de Costa Rica, Óscar Arias.

La misión de la OEA se reunirá en Honduras con distintas instancias públicas y privadas con el fin de impulsar la firma del Acuerdo de San José, uno de cuyos principales puntos es la reinstauración de Zelaya en el poder.

Los seguidores del presidente depuesto tienen pocas expectativas puestas en la propuesta de Arias, según dijo Rivera, porque no ven "ninguna actitud de los golpistas de querer buscar una solución política".