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Calderón, en busqueda de la austeridad

El presidente mexicano fija por decreto tope salarial para funcionarios.

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El Gobierno de México firmó hoy un decreto
que fija topes salariales para los funcionarios del país como parte
de sus planes de ahorro presupuestario frente a la crisis económica,
que provocó una caída del 10,3% del PIB en el segundo trimestre del
año.

"No se trata únicamente de evitar dispendios, sino también de
generar ahorros en el gasto corriente del Gobierno federal, para
destinar estos recursos a gastos sociales", dijo el presidente
Felipe Calderón al sancionar el decreto de Reforma Constitucional en
materia de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La nueva normativa establece "un tope al sueldo máximo anual de
los servidores públicos, teniendo como referente la remuneración del
titular del Poder Ejecutivo Federal", que es en términos netos de
146.830 pesos mensuales (11.300 dólares).

"El sueldo debe servir para vivir con decoro y no ser visto como
un botín", dijo Calderón.

A partir de ahora "los Poderes de la Unión, las autoridades de
los tres órdenes de Gobierno" (municipal, estatal y federal), así
como los demás órganos del Estado "deberán incluir dentro de sus
proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados de las
remuneraciones de sus servidores públicos", agregó.

Como novedad, "todas las remuneraciones serán públicas", estarán
"abiertas al escrutinio ciudadano" y "deberán especificar todos los
elementos que las componen".

"Debemos evitar situaciones de franco abuso en los ingresos de
los servidores públicos, que han llegado a presentarse. Asimismo,
ponemos un alto a la discrecionalidad en la fijación de los salarios
y rendimos cuentas claras a la ciudadanía, que es obligación de todo
Gobierno democrático", apuntó.

Solamente en el Ejecutivo federal trabajan unos tres millones de
funcionarios, indicaron a Efe fuentes de la Secretaría de la Función
Pública.

El mandatario agradeció el respaldo del Legislativo federal y los
estatales a esta iniciativa en la que el propio Calderón llevaba
trabajando desde que fue diputado (2000-2003) y que es también fruto
del trabajo parlamentario realizado a partir de un decreto dictado
por él al comienzo de su gestión.

El pasado 23 de julio, el Gobierno mexicano anunció un recorte
presupuestario para este año de 85.000 millones de pesos (unos 6.400
millones de dólares), equivalente al 3,6 por ciento del total del
gasto público, para hacer frente a la crisis.

Además, el Ejecutivo dijo que tiene previsto enviar al Congreso
este año un proyecto de reforma tributaria para hacer frente a la
caída de los ingresos por concepto de impuestos, especialmente los
petroleros.

Para Juan Pardinas, director de Finanzas Públicas del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), la medida en sí es positiva
aunque "habrá que ver la manera en que se ejecuta".

"Lo que a mí me preocuparía para que la ley transforme la
estructura actual de paga de los funcionarios públicos en México es
qué tanto se frenan, no los salarios, sino las compensaciones por
fuera y los pagos no asociados al salario", indicó.

El diario El Universal informó esta semana de que la actual
legislatura del Congreso, iniciada en 2006 y que concluye este mes,
gastó 600 millones de pesos (unos 46 millones de dólares) únicamente
en pasajes de avión.

Por la diferencia entre el dinero destinado a viajes y el costo
de los pasajes aéreos comprados, cada diputado habría obtenido entre
10.000 y 50.000 pesos (entre 780 y 3.800 dólares) al mes, denunció
el rotativo.

Pardinas señaló que es difícil saber cuántos servidores públicos
resultarán afectados por la nueva ley porque ni municipios ni
estados difunden por lo general cifras de cuántos funcionarios
tienen.

Recordó asimismo que en el país hay bonos para funcionarios "por
puntualidad, por desempeño, por el día de la madre o del padre".

Por otra parte el director ejecutivo de la ONG Fundar, Jorge
Romero, especialista en presupuestos públicos, lamentó que la medida
no se extienda a todos los funcionarios pues los magistrados y
jueces de mayor nivel mantendrán sus actuales sueldos mientras dure
su encargo.

Entre ellos hay integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y del Instituto Federal Electoral, jueces de distrito y
consejeros de la Judicatura.

"Parte del problema asociado con esos sueldos es que sí son muy
altos", del orden de 400.000 a 650.000 pesos (de 30.770 a 50.000
dólares) al mes por magistrado, agregó.

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