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El principio del final

    La confirmación de la juez Sonia Sotomayor al Tribunal Supremo de los Estados Unidos marca un hito importante que llega hasta la médula de nuestra…

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    La confirmación de la juez Sonia Sotomayor al Tribunal Supremo de los Estados Unidos marca un hito importante que llega hasta la médula de nuestra identidad nacional.

    Los Estados Unidos de América se diseñó intencionalmente para asegurar la inclusión de toda su ciudadanía.  Estamos definidos por este concepto.  La idea de la inclusión es tan patente que al juramentarse como ciudadanos, los nuevos estadounidenses reciben un folleto titulado, “The Citizen’s Almanac”, en el que se lee que el ciudadano tiene el derecho de expresarse, de venerar la religión que prefiera, de recibir un juicio sin demoras y justo al ser acusado, de mantener y usar armas, de votar, de solicitar empleo en el gobierno federal, de hacer campaña para ser electo a un cargo político, y que tiene la libertad de buscar la vida, la libertad y la felicidad.

    El Tribunal Supremo protege estos aspectos de la participación ciudadana según están codificados en las leyes del país y conservados en la Constitución.

    La realidad también nos remite al hecho que los ideales de la nación entraron en compromiso desde un principio al permitir que existiera la esclavitud y la concesión de tres-quintos por la que se contaba la humanidad de los esclavos por partes y no como un todo para determinar el número de delegados que tendría un estado ante la Cámara de Representantes.

    Las contiendas legales y en cuanto a políticas públicas que atañen a nuestros varios pueblos así se han realzado desde ese entonces con la implementación del poder político cuando a algunos conviene y a otros no. Con frecuencia el Tribunal Supremo, la tercera rama del gobierno federal, se balancea entre el propósito literal y el propósito tácito nacional cuando de una ley se trata.

    Veamos, por ejemplo, el caso de 1954, Hernández contra el estado de Texas, en el que los abogados latinos Gustavo García, Carlos Cadena y John J. Herrera fueron los primeros mexicano-americanos en presentar una defensa ante el Tribunal Supremo.

    En aquel caso, Pete Hernández declaró que había sido condenado inconstitucionalmente en un caso de asesinato por lo que no había sido procesado frente a un jurado compuesto de sus pares.  El estado de Texas alegó que no había elemento de discriminación por lo que el estado consideraba que los mexicano-americanos eran blancos. Los abogados latinos argumentaron que nunca había servido ningún latino sobre un jurado en Edna, Texas, donde aconteciera el acto. Era evidente la prueba de prejuicio social en el mismo servicio higiénico del edificio de los tribunales, ya que había un rótulo que prohibía a los mexicano-americanos usar el servicio para “blancos”.

    Cadena, ante nueve magistrados, describió a la población mexicano-americana, ya que había poca conciencia nacional sobre ella. “¿Qué es eso?” preguntó un magistrado, en vez de preguntar, “¿Quiénes son ellos?”

    “¿Por allí los llaman ‘greasers’ (grasientos), no?” preguntó el magistrado Felix Frankfurter.

    Gus García prosiguió con la lección social e histórica, pero pronto se encendió la luz roja que les indica a los abogados que deben guardar silencio. No obstante, el magistrado superior Warren, en una ruptura protocolar sin precedentes, le pidió a García que continuara, lo cual hizo, durante 16 minutos más.

    El argumento de García, Cadena y Herrera fue que, aunque se considerara a los mexicano-americanos “blancos”, comprendían una “clase aparte”. El excluirlos del servicio de jurado fue un acto de discriminación que infringe la décimocuarta Enmienda a la Constitución.

En mayo de ese año, el Tribunal, unánime, falló a favor de Hernández y ordenó que le entablaran otro juicio.

    Lo que queda excluido muchas veces de este relato es el papel que pudieran haber jugado la biografía y la empatía magistral. El magistrado superior Warren había sido gobernador republicano del estado de California, que tiene una gran población de mexicano-americanos, y fue tan popular que, en aquella época de presentarse a voto en ambos partidos para cargos políticos a nivel estatal, recibió el nombramiento de los votantes de ambos partidos en 1946. También vale recordar que, sin reparar en su manera de hablar, el magistrado Frankfurter no había nacido en los EE.UU. y provenía de una familia pobre judía.

    Históricamente, la saga hispana en busca de la inclusión y la participación completas empezó en el año 1822, cuando Joseph Marion Hernández, en representación del territorio de la Florida, ocupó un escaño en el Congreso. Hoy son 30 los hispanos que sirven en el Congreso. Dos han buscado el nombramiento de su partido para ser presidente del país, dos han estado considerados seriamente para el cargo de vicepresidente, y muchos han ocupado puestos dentro del Gabinete del presidente. Hasta este momento, sólo ha sido la rama judicial del gobierno la que no ha contado con un hispano en una posición de autoridad.

    Todo esto cambió con el voto del Senado, 68 a 31, el 6 de agosto, a favor de la confirmación de Sonia Sotomayor. El senador Edward Kennedy, de Massachusetts, quien está en reposo tras haberse sometido a una operación quirúrgica al cerebro, expresó su apoyo pero no pudo estar presente para el voto. Esta afirmación completa la conexión entre las tres ramas de nuestro gobierno y la participación de los hispanos en cada una de ellas.

    Hoy esta nación es más inclusiva de su propio pueblo y de su experiencia que lo que fue ayer.

    [José de la Isla, cuyo último libro se encuentra en versión digital gratuita en www.DayNightLifeDeathHope.com, redacta un comentario semanal para Hispanic Link News Service. También es autor de The Rise of Hispanic Political Power (2003). Comuníquese con él a: [email protected]].

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