La Suprema Corte de México anuló hoy por
deficiencias en el proceso las penas de cárcel impuestas a más de
una veintena de personas por una matanza ocurrida en 1997, en la que
tanto los condenados como las 45 víctimas eran indígenas.

Por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, la sala
primera de la Corte decidió declarar nulas las sentencias, lo que
deja en libertad a algunas personas que llevan más de once años tras
las rejas por la matanza perpetrada en Acteal, en el sureño estado
de Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.

"No hay mayor impunidad que privar de la libertad a las personas
sin causa justa y no podemos condenar a quien no se ha demostrado su
culpabilidad", dijo el magistrado Juan Silva Meza.

La magistrada Olga Sánchez Cordero pidió que "de manera inmediata
se ponga en libertad" a estos 20 condenados por delitos relacionados
con la masacre, que están recluidos en la prisión federal de El
Amate, ubicada en Cintalapa, a unos 65 kilómetros al oeste de Tuxtla
Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas.

Además de estas 20 personas, hay otras 32 condenadas por los
mismos delitos sobre las que aun debe pronunciarse la justicia y
otras nueve que volverán a ser juzgadas, dijo Javier Angulo, abogado
del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que impulsó
las excarcelaciones.

Según el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos de México (CNDH, defensoría del pueblo), José Luis
Soberanes, los condenados por la matanza de Acteal "fueron
injustamente acusados".

"Siempre hemos estado conscientes (en la CNDH) de que el juicio
fue muy mal hecho (...) Eran indígenas que ni siquiera hablaban
castellano y así fueron juzgados sin las mínimas garantías",
sostuvo.

Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas (CDHFBC) consideró en razón de los testimonios aportados en el
juicio que los condenados eran culpables y sostuvo que liberarlos
dejaba "en la impunidad" un "crimen de lesa humanidad".

El 22 de diciembre de 1997, un grupo de indígenas vinculados con
grupos paramilitares acabaron con la vida de 45 personas de la
comunidad pacifista de Las Abejas, en Acteal.

Las detenciones comenzaron poco después, aunque decenas de
sospechosos fueron detenidos en agosto de 2006, y más de setenta
condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por la
justicia federal en un proceso considerado endeble en su
investigación e instrucción penal.

La matanza forzó la renuncia del entonces secretario de
Gobernación (ministro del Interior), Emilio Chuayfett, y del
gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a quien algunos
consideran el autor intelectual de la masacre. Ambos pertenecen al
Partido Revolucionario Institucional (PRI).