Los cerca de 100.000 puertorriqueños que
ganan el salario mínimo en la isla se beneficiarán a partir de hoy (viernes)
de un aumento de 70 centavos por hora de ámbito federal sobre cuyas
consecuencias para la economía local discrepan patronal y
sindicatos.

El nuevo aumento se incluye en la llamada Ley de Normas Justas de
Trabajo, que eleva hasta 7,25 dólares por hora el salario mínimo y
que supondrá para ese colectivo de trabajadores un incremento bruto
cercano al 10 por ciento en sus nóminas al final de mes.

La subida se corresponde con el tercer incremento del salario
mínimo federal, cuya primera fase comenzó en julio de 2007, después
de una década en la que la remuneración por hora estuvo fijada en
5,15 dólares.

El vicepresidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico
(AIPR), William Riefkohl, dijo a Efe que aunque la patronal, a la
que representa, no tiene objeciones a la medida, el Gobierno debía
de haber tomado algún tipo de iniciativa que paliase la repercusión
que tendrá el aumento de salarios sobre las pequeñas empresas.

"No tenemos objeción a la medida, pero podría haberse ayudado a
las empresas pequeñas, como se hizo en los Estados Unidos", indicó
Riefkohl, que aclaró que en ese caso sí se tomaron medidas de apoyo
a las compañías que iban a tener más dificultades para absorber el
aumento de costes salariales.

Riefkohl apuntó además que en cualquier caso el incremento
salarial no ayudará a reducir un desempleo que ya alcanza a cerca
del 15 por ciento de la población activa de Puerto Rico.

El vicepresidente de la patronal subrayó que el aumento que hoy
entra en vigor puede persuadir a los pequeños empresarios a realizar
nuevas contrataciones, ante la imposibilidad de absorber la nueva
subida salarial.

"No habrá despidos derivados del aumento salarial, pero se
congelará la contratación y esto afectará a la tasa de desempleo",
aventuró Riefkohl, tras reiterar que se pidió un estudio al
Ejecutivo sobre las consecuencias de la medida que nunca llegó a
ejecutarse.

Por su parte, el portavoz de la Coordinadora Sindical y del
Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL), Luis Pedraza Leduc,
dijo a Efe que Gobierno (como empleador) y empresas "pueden y
tienen" que absorber el nuevo aumento de los salarios.

Pedraza Leduc destacó que la patronal no puede quejarse ahora de
la medida, al tratarse de una ley aprobada hace mucho tiempo y para
cuyas consecuencias las empresas han tenido tiempo para prepararse.

El sindicalista avisó además de que algunos empresarios
aprovecharán para eliminar derechos adquiridos por los trabajadores.

El líder de la FASyL apuntó que muchos empresarios de la isla
pretenden que Puerto Rico se riga para algunas cosas por la
normativa estadounidense y que para otras, como en el caso de los
salarios, se tomen modelos vigentes en algunas repúblicas de América
Latina.

Cerca de 100.000 trabajadores puertorriqueños cobran el salario
mínimo, a los que hay que sumar otros 280.000 empleados que reciben
por hora entre 7,25 y 7,99 dólares.

Los aumentos escalonados de salario mínimo comenzaron en julio de
2007, al pasar la remuneración por hora de 5,15 dólares a 5,85,
subida a la que siguió otra en julio de 2008, cuando quedó fijado en
6,55 dólares.

El salario del puertorriqueño medio oscila entre los 12 y 15
dólares por hora.