Los Gobiernos de la ALBA redoblaron el jueves sus reclamos para que Manuel Zelaya vuelva a la Presidencia de Honduras, algo a lo que el nuevo mandatario Roberto Micheletti sigue negándose en vísperas de una nueva ronda de diálogo en San José.

Los actos conmemorativos por el bicentenario del levantamiento de la ciudad de La Paz contra el dominio español sirvieron de escenario para mostrar la unidad de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) en defensa de Zelaya y en contra de los “gorilas”, como llaman a los que le sacaron del poder y de Honduras el 28 de junio.

En La Paz se reunieron los presidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Fernando Lugo (Paraguay) y Hugo Chávez (Venezuela), el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Jorge Sierra, y Patricia Rodas, canciller del Gobierno de Zelaya.

Correa anunció que el siguiente paso será solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) que desconozca cualquier elección convocada por la administración de Roberto Micheletti.

Por su parte, Rodas, que llegó a La Paz en el mismo avión que Chávez, aseguró que si la “camarilla golpista” no entrega el Gobierno a Zelaya, el sábado se tomarán “medidas más agudas”.

El designado embajador de Honduras ante la Casa Blanca, Enrique Reina, también señaló el jueves desde Washington que Zelaya anunciará medidas contra el Gobierno de facto, si no se llega a una solución tras las negociaciones del sábado en Costa Rica, y “retornará al país”.

Preguntado por si podría tratarse de medidas militares, Reina contestó: “Probablemente no serán militares, sino con el apoyo de la gente”.

Los representantes de Zelaya, incluida Rodas, y los de Micheletti están convocados el sábado para una segunda ronda del diálogo que se lleva a cabo en San José con la mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias.

En una entrevista con la emisora local Radio Monumental, Arias señaló que entre sus propuestas para que Honduras salga de la crisis están la conformación de un Gobierno de reconciliación presidido por Manuel Zelaya y una amnistía política.

Arias subrayó que “no es una solución” la que este miércoles propuso Micheletti: renunciar y entregar el poder a alguien que no sea Zelaya.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que se mostró “cautelosamente optimista” acerca de la próxima ronda de conversaciones en Costa Rica, dijo que la condición de Micheletti para renunciar es “completamente inaceptable”.

Por otro lado, Insulza atribuyó el llamamiento a la insurrección hecho el martes por Zelaya a los hondureños a su deseo de volver a Honduras.

Zelaya ha dado un ultimátum hasta el sábado para que el Gobierno de Micheletti le restituya en el poder y ha llamado a la “insurrección” a los hondureños.

Al respecto, Patricia Rodas señaló que “el presidente ya está caminando hacia Honduras” y tomará el poder “en la medida en que los criminales en contra de la democracia retrocedan”.

En Honduras, las autoridades decretaron un nuevo toque de queda debido a las protestas convocadas para el jueves y viernes  por simpatizantes de Zelaya.

La medida restableció la prohibición del tránsito de personas y vehículos durante las noches, que estuvo vigente desde el 28 de junio hasta el pasado 12 de julio.

El jueves se realizó una nueva marcha, en la carretera entre Tegucigalpa y el norte del país, para exigir el regreso de Zelaya, y también hubo cortes de carreteras en sectores de los departamentos caribeños de Colón, Cortés y Atlántida; Comayagua (centro), Yoro (norte) y Santa Bárbara (oeste), según fuentes de los grupos seguidores de Zelaya.

El dirigente Rafael Alegría, del Frente Nacional de Resistencia Popular, que aseguró que “nadie quiere que haya un derramamiento de sangre”, anunció que si el domingo no se alcanza un acuerdo sobre la crisis, la próxima semana llamarán a un paro general.

Mientras en La Paz los presidentes Morales y Chávez responsabilizaron del golpe en Honduras a EE.UU., el primero al Comando Sur y el segundo al Departamento de Estado, en Washington representantes de los Gobiernos de EE.UU, México y Canadá abogaron por una solución “pacífica y negociada” a la crisis.

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, la canciller mexicana, Patricia Espinosa, y su homólogo canadiense, Lawrence Cannon, urgieron a otros países a “jugar un papel positivo” en el proceso y a abstenerse de cualquier acción que pudiera llevar a la violencia.