El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha decidido unificar los criterios de los acuerdos establecidos con agencias locales por el programa 287g.

Estos convenios, conocidos como MOA, se enfocarán ahora en retirar del país a los “criminales ilegales” que representen una “amenaza a la comunidad” y unificará las políticas que se utilizarán para hacer cumplir las leyes de inmigración. “Los nuevos acuerdos apoyan los esfuerzos de las agencias locales de proteger a la colectividad y les da una herramienta para identificar y deportar a criminales ilegales violentos”, afirmó Janet Napolitano, secretaria de DHS.

La sección 287g de la ley de inmigración vigente desde el 30 de septiembre de 2006, permite a gobiernos locales establecer acuerdos (MOA) con DHS para que sus agentes reciban entrenamiento de ICE y ejerzan algunas funciones de inmigración. Desde un principio, el objetivo del 287g fue deportar indocumentados “criminales” y convictos por tráfico de drogas, humano, pandillas, ofensas sexuales, lavado de dinero, entre otros delitos.

Sin embargo, ha sido utilizado por algunas agencias locales del orden público para expulsar a inmigrantes por cometer delitos menores. El ICE también anunció que otras 11 agencias alrededor del país han firmado el acuerdo para participar con el 287g.

Hasta el momento, ICE ha entrenado a más de 1.000 agentes para operar en 66 localidades el 287g, que desde enero del 2006 ha identificado a más de 120.000 inmigrantes -generalmente en cárceles locales- que se sospechan son indocumentados.

“Son buenas y malas noticias”, afirmó Marty Rosenbluth, abogado del Sourthern Coalition for Social Justice en Carolina del Norte.

“Es positivo porque se aclara el objetivo del programa y asegura a ICE el control, pero deja la gran interrogante sobre los detenidos por infracciones menores”, apuntó.

Detenidos más de 790.000 indocumentados en 2008

El Gobierno capturó a unos 792.000 indocumentados -el 88 por ciento de ellos mexicanos- y expulsó del país a casi 359.000 de ellos durante el año fiscal 2008, informó esta semana el Departamento de Seguridad Nacional.

En ese período, que concluyó el 30 de septiembre pasado, las aprehensiones de inmigrantes indocumentados por parte de la Patrulla de Fronteras disminuyeron un 17 por ciento de la cifra del año anterior, y representaron el 91 por ciento de todas las detenciones.

En el año fiscal 2008 la Patrulla de Fronteras capturó a 723.840 inmigrantes indocumentados, de ellos 705.022 en la frontera sur de EE.UU. En 2007 había detenido a 960.756 y en 2006 a 1.206.457.

El ICE efectuó 33.575 arrestos, y el Programa de Operaciones para Extranjeros Fugitivos capturó a otras 34.160 personas. La disminución de las detenciones en los últimos tres años responde al deterioro de la situación económica en EE.UU., que ha tornado este país menos atractivo para los trabajadores indocumentados.

Los principales países de origen de estas personas fueron México, el 69 por ciento, Honduras (8), y Guatemala (7,7).

Proponen eliminar beneficios para hijos de indocumentados

Grupos anti-inmigrantes en California buscan introducir en la boleta electoral del próximo año una iniciativa que despojaría a hijos de indocumentados nacidos en EE.UU. no sólo de su ciudadanía, sino también de servicios públicos como cobertura médica y asistencia social.

La iniciativa necesita de casi 700.000 firmas para el mes de noviembre, y sería puesta a votación a finales del próximo año.

Entre los partidarios de la misma se incluye la Coalición para una Reforma Migratoria de California (CCIR), que respaldó la Proposición 187 en 1994, que negaba beneficios y servicios estatales a indocumentados. La medida, que fue aprobada por 59 por ciento de los votos fue revocada posteriormente por una corte federal.

La CCIR sostiene que con eliminar los beneficios de asistencia pública (o CalWORKS) para los hijos de indocumentados, el estado ahorraría unos 1.000 millones de dólares al año.

Primera cita de migración EE.UU. y Cuba desde 2003

Estados Unidos y Cuba concluyeron el martes su primera reunión desde 2003 para analizar cuestiones migratorias, que ambos países calificaron de “fructífera” y se centró en las maneras de lograr que el flujo migratorio bilateral sea en el futuro seguro, legal y ordenado.

“Estados Unidos ve estas conversaciones como una manera de lograr resultados prácticos y positivos que contribuyan a la plena entrada en vigor de los acuerdos” en materia migratoria, según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Estado.

Por parte cubana, el jefe de su delegación, el viceministro de Exteriores Dagoberto Rodríguez, propuso celebrar la próxima ronda de conversaciones en diciembre, en La Habana, al tiempo que ratificó su disposición a continuar los intercambios para buscar solución a los asuntos pendientes y fortalecer la cooperación en el área migratoria.

Washington y La Habana firmaron en septiembre de 1994 y en mayo de 1995 acuerdos migratorios para frenar la emigración clandestina, en los que se preveía que ambas partes se reunieran cada seis meses, de manera alterna en La Habana y Nueva York, para repasar su aplicación y aspectos técnicos.

En base a esos acuerdos EE.UU. puede admitir cada año en su territorio a 20.000 inmigrantes cubanos. La reunión de esta semana, la primera en cinco años, sirvió para “avanzar en la identificación de áreas” en las que ambas partes deben “trabajar y cooperar para garantizar el cumplimiento de estos acuerdos y propusimos alcanzar un nuevo acuerdo en materia migratoria”, dijo el representante cubano.

Con esta reunión los dos países reanudan su diálogo sobre asuntos migratorios que se suspendió de facto en 2003 y oficialmente un año después, durante el segundo mandato del presidente George W. Bush y por orden suya.