La mayoría de los inmigrantes legales que recibían asistencia médica (Medical Assistance) en Pensilvania y que han vivido en el país durante menos de cinco años ya no califican desde el pasado 30 de junio.

“Esto va tener un impacto muy grande en nosotros y nuestros clientes”, dijo Julie Cousler, vicepresidente de salud de Congreso de Latinos Unidos, quien agregó que organizaciones como la suya tendrán que decidir si seguir proveyendo servicios a personas por las cuales no recibirán remuneración.

Según Stacy Witalec, portavoz del Departamento de Bienestar Público (DPW) de Pensilvania, oficina encargada de otorgar este beneficio federal, el cambio de reglas “no es algo nuevo”.

Precisó que la regla realmente cambió en 1996 con la aprobación a nivel federal de la reforma de beneficios públicos bajo la administración del ex presidente Bill Clinton.

Esa reforma terminó con muchos beneficios públicos para los inmigrantes legales durante sus primeros cinco años en el país.

Sin embargo, en 1998 DPW obtuvo una excepción a la ley mediante una resolución con el Centro de Servicios de Medicaid del gobierno federal, e inmigrantes de Pensilvania continuaron calificando para este programa que beneficia a personas con discapacidades y tutores de menores de edad, entre otras restricciones.

Eso hasta el verano pasado, cuando fueron notificados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos que estaban en violación de la ley federal, explicó Witalec.

“Hablamos con ellos y nos dijeron que teníamos que revisar nuestro plan para cumplir con la ley”, dijo.

A pesar de eso, sí será algo nuevo para las personas que están recibiendo este beneficio que les otorga un seguro de salud médica.

Witalec explicó que las personas que están recibiendo asistencia médica podrán perder sus beneficios en su próxima reunión de revisión, la cual ocurre entre 1 a 2 veces al año.

Sin embargo, no respondió a la pregunta de AL DÍA acerca del número de personas en Pensilvania que se verán afectadas por este cambio.

“La gente debería saber que aún tiene ciertas opciones”, dijo el abogado de Community Legal Services Richard Weishaupt quien aconsejó que cualquier persona que reciba notificación de la terminación de sus beneficios debe apelar la decisión lo más pronto posible y acudir a ayuda legal.

Eso porque hay bastantes excepciones a la regla tal como los menores de 21 años, las mujeres embarazadas, los refugiados y los asilados, y ciertas otras categorías de inmigrantes.

“Si usted apela menos de trece días después de recibir carta de notificación de DPW, el estado tiene que seguir otorgándole su beneficio mientras se resuelva la apelación”, dijo.

También, todos inmigrantes legales seguirán calificando para la asistencia médica de emergencia, la cual provee cobertura por una condición específica, tal como un hueso quebrado o diabetes crónica.

Amanda Bergson-Shilcock, del Welcoming Center for New Pennsylvanians, dijo que el personal del DPW es susceptible de dar información errónea.

“Lo que pasa con este tipo de cambio es que el estado hace una directiva, pero toma un tiempo antes que el personal de primera línea sea notificado de la nueva pauta”.

Community Legal Services ofrece ayuda legal gratuita para personas de bajos ingresos en casos civiles.

Atiende a personas sin cita de lunes a viernes entre 9 a.m. y 12 p.m. en su oficina central, 1424 de la calle Chestnut, y también lunes y miércoles entre 9 a.m. y 12 p.m. en su oficina del 3638 del norte de la calle Broad.

Más información al 215 981 3800.

El proyecto de leyes de salud de Pensilvania también ofrece ayuda en el 800 274 3258.