La organización Human Rights Watch
(HRW) pidió a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que Estados
Unidos no envíe ayuda militar a México hasta que cumpla con los
requisitos de derechos humanos recogidos en la Iniciativa Mérida.

En concreto hace referencia a que los militares acusados de
cometer supuestos abusos contra la población sean juzgados por
autoridades civiles y no por tribunales militares, por considerar
que los jueces militares "no gozan de suficiente independencia para
asegurar que estos casos sean adecuadamente juzgados".

El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, hizo esta petición a
la secretaria de Estado en una carta difundida hoy en la que señaló
que "México no ha cumplido con su obligación de investigar y juzgar
la creciente cantidad de abusos cometidos por los militares", según
un informe de la organización.

Roth señaló que la Iniciativa Mérida "es una oportunidad para
fortalecer la cooperación estadounidense-mexicana en la lucha contra
las drogas y en la defensa de los derechos humanos", pero reclamó
que la administración del presidente, Barack Obama, "debe exigir
enérgicamente que se cumpla con los requisitos" en esta materia.

La organización lamenta que en los últimos 10 años, los
tribunales mexicanos, que asumen la responsabilidad de investigar
los abusos de militares contra civiles, no han condenado a ninguno
de los acusados de cometer una violación grave de derechos humanos.

Según su informe "Impunidad Uniformada" la cantidad de denuncias
por violación de derechos humanos por parte de los militares
mexicanos se ha sextuplicado en los últimos años desde que el
presidente Felipe Calderón desplegara 40.000 efectivos para luchar
contra el narcotráfico.

La Iniciativa Mérida es un plan de seguridad regional promovido
por Estados Unidos para ayudar a México y Centroamérica a combatir
el narcotráfico, al que dedicó 405 millones de dólares de su
presupuesto fiscal 2009.

HRW recuerda que el Congreso de Estados Unidos ordenó que se
retuviera el 15 por ciento de la Iniciativa Mérida hasta que la
Secretaria de Estados informe de que el Ejecutivo mexicano cumple
con ésta y otras condiciones en materia de derechos humanos.

Por eso pide a la secretaria Clinton que sólo emita su informe
"si puede determinar que dicho país ha reformado su sistema de
justicia militar para garantizar que las supuestas violaciones
graves son investigadas y juzgadas por autoridades civiles".

Además recomienda que antes de realizar dicho informe mantenga un
"amplio proceso de consulta" con organizaciones mexicanas e
internacionales para determinar si México está cumpliendo con los
requisitos de la Iniciativa Mérida.