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287g es para deportar a criminales ilegales

Aclaró ICE , que ha entrenado a más de 1.000 agentes para operar en 66 localidades.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció esta semana que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha decidido unificar los criterios de los acuerdos establecidos con agencias locales por el programa 287g.

Estos convenios, conocidos como MOA, se enfocarán ahora en retirar del país a los "criminales ilegales" que representen una "amenaza a la comunidad" y unificará las políticas que se utilizarán para hacer cumplir las leyes de inmigración.

"Los nuevos acuerdos apoyan los esfuerzos de las agencias locales de proteger a la colectividad y les da una herramienta para identificar y deportar a criminales ilegales violentos", afirmó Janet Napolitano, secretaria de DHS.

Asimismo, Napolitano enfatizó que la medida asegurará que todas las agencias que participan del 287g utilicen los "mismos estándares" en la implementación del programa.

La sección 287g de la ley de inmigración vigente desde el 30 de septiembre de 2006, permite a gobiernos locales establecer acuerdos (MOA) con DHS para que sus agentes reciban entrenamiento de ICE y ejerzan algunas funciones de inmigración.

Desde un principio, el objetivo del 287g fue deportar indocumentados "criminales" y convictos por tráfico de drogas, humano, pandillas, ofensas sexuales, lavado de dinero, entre otros delitos.

Sin embargo, ha sido utilizado por algunas agencias locales del orden público para expulsar a inmigrantes por cometer delitos menores.

El ICE también anunció hoy que otras 11 agencias alrededor del país han firmado el acuerdo para participar con el 287g.

Hasta el momento, ICE ha entrenado a más de 1.000 agentes para operar en 66 localidades el 287g, que desde enero del 2006 ha identificado a más de 120.000 inmigrantes -generalmente en cárceles locales- que se sospechan son indocumentados.

Matthew Chandler, portavoz de ICE, aclaró a Efe que las agencias que están operando actualmente el 287g tienen hasta 90 días para firmar el nuevo convenio que debe renovarse cada tres años.

El comunicado de prensa de ICE agrega que las agencias están "obligadas" a continuar con el proceso legal que originó la detención de la persona aunque al respecto, Chandler se limitó a reiterar que la prioridad de ICE serán los "criminales violentos".

"Son buenas y malas noticias", afirmó hoy a Efe Marty Rosenbluth, abogado del Sourthern Coalition for Social Justice en Carolina del Norte.

Según Rosenbluth, quien ha estudiado la manera cómo se han manejado los 8 acuerdos de 287g en ese estado, el segundo después de Virginia (9) con más programas de identificación de indocumentados, "todavía hay muchas dudas por responder".

"Es positivo porque se aclara el objetivo del programa y asegura a ICE el control, pero deja la gran interrogante sobre los detenidos por infracciones menores", apuntó.

Un informe de la Escuela de Leyes de la Universidad de Carolina del Norte y el capítulo local de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), dado a conocer en febrero pasado, reveló que el programa había creado en ese estado un clima de "perfil racial".

Desde abril de 2006, cuando comenzó a funcionar el 287g en la cárcel del condado Mecklenburg, donde está Charlotte, la ciudad más grande de Carolina del Norte, de 11.162 procesado, 6.914 han sido puestos en proceso de deportación.

Se desconoce cuántos de éstos ya han sido salido del país, pero un gran porcentaje llegó a la cárcel acusado de cometer infracciones menores de tránsito.

En otro penal del estado, del condado Wake, en Raleigh, la capital, a sólo un año de implementarse el 287g, 2.958 extranjeros fueron objeto de investigación de su estado migratorio, de los cuales 2.099 resultaron no tener papales migratorios.

Tampoco se sabe cuántos de éstos han salido del país por el 287g, ya que ICE no proporcionó esa cifras, pero casi la mitad fueron arrestados por infracciones de tránsito.

Según estadísticas de ICE, en la zona que comprende Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, 17.996 personas fueron deportadas en 2008, sin especificar si fueron por cargos criminales o infracciones menores, y en lo que va del 2009, 13.366.

El reporte de ACLU enfatiza que uno de los problemas más graves generado por la medida es la "resistencia" de los inmigrantes a contactar a la policía cuando son víctimas o testigos de crímenes por riesgo a ser "detenidos y deportados".

Otro estudio de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental del Congreso, reveló que el 287g se "había alejado de su objetivo original" y que en vez de deportar criminales, ha sido utilizado para sacar del país a trabajadores indocumentados.

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