Las 80 toneladas de cocaína decomisadas
en los últimos tres años son la mejor muestra de que los tentáculos
del narcotráfico se extienden casi libremente por Costa Rica, un
país que fue tomado desprevenido por el crimen organizado debido a
su falta de leyes y poca especialización policial.

Policías, pescadores y empresarios involucrados con bandas de
narcotraficantes, jueces investigados por polémicos fallos a favor
de capos de estas mafias y la falta de recursos para combatir este
problema, han encendido todas las alarmas en las autoridades y la
población en los últimos días.

El último gran caso salió a la luz a mediados de junio, cuando
las autoridades de México descubrieron en un puerto de Yucatán 894
kilos de cocaína dentro de tiburones congelados que habían sido
embarcados en Costa Rica.

Las Policía costarricense detuvo a cinco sospechosos de hacer los
envíos a través de una empresa de exportación de pescado, y cuyos
dueños poseen una enorme propiedad, en la que se descubrieron
túneles y bodegas al parecer usados para almacenar toneladas de
droga.

A este caso, solo en lo que va de año se une el decomiso de 395
kilos de cocaína que eran transportados en un helicóptero que se
estrelló en mayo en las montañas del este del país y el robo, en
marzo, de 320 kilos de esta droga de las bodegas judiciales de
Golfito, en el Pacífico sur del país.

Las autoridades detuvieron a ocho personas sospechosas de haber
robado el cargamento de droga, entre ellas tres policías y un ex
policía, a quienes también les decomisaron 306.000 dólares
supuestamente obtenidos por la venta de parte del cargamento.

El Fiscal General, Francisco Dall'Anese, dijo esta semana que el
país "está haciendo el ridículo" en el combate contra el
narcotráfico, porque algunos decomisos se han realizado por
casualidad o gracias a la acción de otro país, por lo que pidió la
aprobación de la nueva Ley contra el crimen organizado, que el
Congreso podría votar la próxima semana.

La Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, aseguró que
Costa Rica se está convirtiendo en "un paraíso" para los
narcotraficantes y el lavado de dólares, debido a la falta de
especialización policial, de una política específica contra el
narcotráfico y además por "una respuesta legal que va muy lenta".

Jorge Rojas, director del Organismo de Investigación Judicial
(OIJ), se unió a las críticas y afirmó que el Estado no tiene
control suficiente en sus fronteras, puertos y aeropuertos.

La ministra de Seguridad, Janina Del Vecchio, reconoció que Costa
Rica dejó de ser un país "de tránsito" de la droga, para convertirse
en un almacén de los carteles mexicanos y colombianos.

La ministra ha destacado los decomisos realizados pese a la falta
de recursos, y calificó de "insuficientes" los 4,3 millones de
dólares otorgados a Costa Rica para 2009 como parte del Plan Mérida,
una iniciativa estadounidense para ayudar a combatir el narcotráfico
en Centroamérica y México.

Desde 2006 las incautaciones de droga en Costa Rica han venido en
aumento, principalmente en el océano Pacífico gracias a un tratado
de vigilancia conjunta con Estados Unidos.

Se han descubierto pescadores contratados para transportar droga
o abastecer de combustible a las lanchas rápidas de esas mafias; un
juez está siendo investigado por liberar a supuestos traficantes y
la mayoría de las personas que están en prisión han sido condenadas
por tráfico de drogas.

Costa Rica es un país de 4,5 millones de habitantes y sin
ejército, con decenas de puntos sin vigilancia en sus fronteras y
con extensas costas, pero sólo cuenta con unos 11.000 policías.

Hasta este año no había entrado a regir una ley para la
protección de testigos y se espera la aprobación de la Ley contra el
crimen organizado, instrumentos con los cuales las autoridades
esperan reducir la brecha entre los criminales y la Justicia para
devolver la seguridad que durante décadas ha caracterizado a esta
nación.